LA NECESIDAD DE RECUPERAR LA IMPOSICIÓN AL CAPITAL.

En el siguiente artículo explico por qué es necesario recuperar los impuestos al capital para conseguir la dinamización de la economía real y la creación de empleo.

La base se nuestro sistema fiscal viene reflejado en el artículo 31 de la CE. En él se nos indica que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos  de acuerdo a su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Existen cuatro índices generales de capacidad económica: la renta, el consumo, el tráfico y el patrimonio. Los que gravan el consumo y el tráfico suelen ser indirectos (IVA, aduaneros…) y proporcionales, se paga un % aplicado sobre la base, la cuota que debe pagar el contribuyente aumenta en igual proporción al aumento de la base. Por su parte, los impuestos que gravan la renta y el patrimonio suelen ser directos (IRPF, ISD…) y progresivos, porque a medida que aumenta la base del impuesto aumenta en mayor proporción la cuota que debe pagar el contribuyente. Desde hace unos años los impuestos indirectos van ganando peso sobre los directos en la recaudación. Este hecho es enormemente injusto ya que los impuestos indirectos no discriminan en función de la renta y riqueza de los contribuyentes. Todos pagamos el mismo %.

Hace ya tiempo que la ofensiva ideológica neoliberal lleva atacando a los impuestos directos reduciendo su progresividad en el caso del IRPF o eliminando de facto su aplicación en el caso de los impuestos sobre el capital (impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio).

Los impuestos sobre el capital en España hace ya años que están cedidos a las CCAA. Debido a que en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se cedieron competencias, entre otras, en la fijación de tipos y reducciones en las bases imponibles sin fijar unos mínimos comunes, muchas CCAA aplicaron reducciones o mínimos exentos tan altos que han perdido su función recaudadora. En los pocos sitios donde todavía se mantiene el impuesto de sucesiones el % de personas que pagan por una herencia por línea directa (esto es, de padres a hijos) es el 4% de todos los que liquidan el impuesto. La ofensiva hacia estos impuestos ha sido tan grande que ha conseguido apoyos entre sectores de la población que nunca tendrían que pagarlos. De hecho los impuestos al capital están dirigidos a la minoría con más patrimonio de la población.

Se alega desde la perspectiva liberal que los impuestos al capital reducen o penalizan su acumulación, por tanto, se reduce la formación bruta de capital. En consecuencia, según ellos, se produce por un lado desempleo, y por otro una reducción de la productividad, lo que en consecuencia producirá una reducción de los salarios. Por tanto, concluyen, incluso las personas que no tuviesen que pagar nunca estos impuestos deberían pedir su eliminación por los efectos negativos que tendrían sobre el nivel de empleo y los salarios.

Este análisis tan superficial y grosero de la imposición al capital se resquebraja a medida que profundizamos en él. Para empezar no distingue entre la inversión productiva y la inversión improductiva o especulativa. Cuando se produce una acumulación de capital y se invierte en la economía real, directamente o a través de la compra de activos financieros en los mercados primarios, sí puede tener efectos positivos sobre el nivel de empleo y salarios. Pero si se da el caso de que ese capital se destine a la economía financiera, a través de la compra de activos financieros en los mercados secundarios o derivados, no tendrá efectos positivos sobre los niveles de empleo o salarios. De hecho se estarían drenando recursos a la economía real.

Además este argumento evidencia una enorme ignorancia sobre el fondo de la normativa tributaria. Según la Encuesta Financiera de la Familias del Banco de España (EFF del BdE), la principal forma de ahorro de las familias en España es la adquisición de la vivienda habitual (que no es un capital productivo). Pues bien, tanto si cogemos el impuesto sobre el patrimonio como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, vemos que la vivienda habitual tiene exenciones y reducciones de hasta el 99%. También según la EFF del BdE a medida que ascendemos en los deciles de mayor renta y riqueza vemos que la proporción de riqueza de las familias en activos reales (vivienda habitual y otros inmuebles) va perdiendo peso en favor de los activos financieros (acciones, participaciones, fondos de inversión…). Aquí también nos encontramos con exenciones y reducciones de hasta el 99% para aquellas sociedades con actividad económica que no sea la mera gestión patrimonial (lo que comúnmente se denomina la “empresa familiar”). Con lo cual nos encontraríamos con que lo realmente gravado son aquellas inversiones financieras especulativas en forma de acciones o fondos de inversión en mercados secundarios que no sirven para crear empleo ni para mejorar la productividad de la economía.

Desde 2008 la media y la mediana de todos los deciles de patrimonio de las familias se ha reducido, excepto para las familias del decil superior. Para estas familias aunque su riqueza mediana se ha reducido desde 2008, su riqueza media ha aumentado desde 2011. Esta curiosidad estadística se debe a que las familias más ricas de entre las más ricas han aumentado su patrimonio desde 2011, por eso aunque baje la mediana la media aumenta. Estas familias han sido capaces de aumentar su patrimonio a pesar de las políticas de austeridad (o gracias a ellas) y también han sido las primeras en beneficiarse del leve crecimiento de la economía. Por tanto no sería descabellado pedirles un esfuerzo fiscal extra para el resto de familias (el 25% de las familias con menos riqueza ya tiene un patrimonio medio negativo).

La mejora de la situación macroeconómica en España en los últimos tiempos se debe la política de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y al bajo precio del petróleo. Ambas causas exógenas. En realidad no se han realizado cambios de calado en la estructura económica del país. Por más ayudas y facilidades que se ha dado desde el gobierno a sector privado, éste no ha sido capaz de plantear una alternativa clara al modelo económico del ladrillo (más allá del modelo de bajos costes laborales y el turismo). Por ello es más necesario que nunca recuperar las figuras fiscales que tengan por objetivo el gravamen del capital y, una vez que la normativa le permita nutrir de suficientes recursos a las arcas del estado, destinarlo al impulso económico a través del gasto público.

La Hora del Pincho.

 

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LA REFORMA ASTURIANA DE LA LEY DEL ISD Y EL TIMO DE LA ESTAMPITA.

A continuación redacto, de forma ampliada, mi intervención ante la Comisión de Hacienda y Sector Público de La Junta General del Principado de Asturias en la que traslado mis pareceres acerca de la modificación de la normativa del impuesto de sucesiones y donaciones.

El impuesto de sucesiones es seguramente el impuesto más justo y con mayor justificación dentro de los abanicos fiscales de las economías desarrolladas. Esto es así porque las herencias constituyen una de las principales causas de las actuales desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza. Tal es la razón por la que en la mayoría de los países los impuestos sucesorios cuentan con una tarifa progresiva y tipos marginales elevados.

Tras leer la reforma, y una vez conocida la estructura de los contribuyentes con menor y mayor patrimonio, extraigo las siguientes conclusiones:

La mejora de la reducción de la base imponible para contribuyentes de los grupos I y II de parentesco establece el mínimo exento en 300.000 euros. Sabiendo que cuando el mínimo exento estaba situado en 150.000 euros por contribuyente, abonaban el impuesto el 4%, esta ampliación parece poco recomendable e injustificada si tenemos en cuenta que según se extrae de la EFF del BdE el patrimonio medio de las familias es de 250.000 euros y que el patrimonio mediano (más representativo de la realidad según el propio BdE) es de 119.000 euros. También, según se extrae de esta encuesta el conjunto de patrimonios familiares se ha reducido desde 2008 excepto los patrimonios situados en el decil superior, cuya riqueza media se ha incrementado desde 2011. El decil superior de riqueza también es el que dispone de mayor cantidad de activos líquidos (acciones cotizadas y fondos de inversión). Esta reforma va a beneficiar a los contribuyentes con mayor capacidad contributiva, con menos problemas para obtener liquidez con la que afrontar el impuesto y sobre los que se podría aumentar la tarifa (Fuente: Encuesta Financiera de las Familias).

La mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición “mortis causa” de la vivienda habitual mantiene los porcentajes y el límite de deducción de 120.000 euros. La modificación consiste en reducir el plazo de mantenimiento de la vivienda. La reducción de este plazo puede ser apropiada para aumentar la oferta en el mercado de vivienda de segunda mano. Esta reforma no atiende a la impresión de algunos expertos de que la deducción por vivienda habitual se aplicase en el caso de que la vivienda heredada fuese a ser utilizada como vivienda habitual por el heredero. Tal y como está configurada esta reducción un mismo sujeto pasivo podría recibir por herencia varias viviendas habituales de distintos causantes sin aportar nada a las arcas públicas (Informe de Jesús Félix García de Pablos, Tribunal Económico Administrativo Central).

Modificación del artículo 18: reducción de la base imponible por la adquisición “mortis causa” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. Esta deducción conocida como “por empresa familiar”, concepto distinto de PYME, debería estar orientada a favorecer la sucesión en empresas de reducida dimensión, entendiendo por tales a las que se refiere el artículo 101 de la ley del impuesto de sociedades. Sin embargo, parece más bien orientada a que se puedan beneficiar de la exención las empresas cotizadas o entidades que no tienen categoría de reducida dimensión. Por lo que parece totalmente inadecuada la eliminación del límite cuantitativo (5 millones de euros de valor de la empresa) así como la reducción del límite temporal de mantenimiento de la empresa (que pasa de 10 a 5 años).

Artículo 18 bis. En la deducción para explotaciones agrarias se establecen unas condiciones similares a las que se establecen en otras comunidades autónomas. Asociaciones agrarias destacan que el principal problema es que, como no se contempla la dación en pago, es frecuente no disponer de liquidez para afrontar la cuota del impuesto. La modificación no hace referencia a ninguna de estas demandas.

Artículo 18 ter. La reducción por adquisición “mortis causa” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por herederos  sin grado de parentesco parece redactada para ser aplicada por un puñado de personas a las que se podrían poner nombres y apellidos. Si estuviese diseñada, como indica la recomendación europea de 7 de diciembre de 1994 sobre transmisión de pequeñas y medianas empresas (94/1069/CE) ,para todos los asalariados podría entenderse, pero queda enormemente limitada al dirigirse exclusivamente hacia la alta dirección (grupos 1 y 2 de cotización a la seguridad social o apoderados).

Artículo 18 quarter. Reducción de la base imponible por la adquisición “mortis causa” de bienes destinados a la constitución, ampliación o adquisición de una empresa o de un negocio profesional. No se establecen requisitos de parentesco. Un contribuyente que ya dispusiese de una empresa podría incorporar los bienes heredados a la misma hasta un límite del 50% de su activo según el art. 8. Dos.a de la LIP (que establece el límite para activos no afectos) pudiendo aplicarse la deducción. Reduciendo en gran cantidad la cuota que deberían pagar contribuyentes de los grupos III y IV siempre que fuesen propietarios de empresas.

Todas las deducciones se orientan hacia la adquisición, creación o ampliación de empresas o negocios. El 11,1% de los hogares tienen activos en negocios relacionados con actividades por cuenta propia, el 11,4% acciones cotizadas en bolsa (este porcentaje llega al 35,7% para el decil superior de renta y riqueza) y el 1,9% acciones no cotizadas o participaciones (este porcentaje sube al 7% en el decil de mayor patrimonio). Por tanto, no parece recomendable la aplicación de reducciones orientadas a la minoría con mayor capacidad contributiva de la población. Hay que tener en cuenta que el 25% de las familias con menos patrimonio ya tienen un patrimonio medio negativo.

Entre los principales motivos de queja social hacia el impuesto se encuentran las cuotas que deben afrontar los contribuyentes encuadrados en los grupos III y IV y los problemas de pago de las cuotas debidas a que las herencias no cuentan con activos líquidos suficientes para afrontar su pago. Diversos académicos (Rafa Sanz, Carlos Monasterio…) han propuesto medidas para flexibilizar los pagos en los casos de que las herencias cuenten con pocos activos líquidos. La reforma planteada no afronta ninguno de estos problemas. Por lo que se puede considerar que el malestar social hacia este impuesto va a continuar. De hecho la reforma está orientada a facilitar el pago del impuesto a contribuyentes que ya lo tenían fácil y sobre los que sí se podría aumentar la tarifa del impuesto.

EL TIMO DE LA NUEVA TABLA DE TARIFAS EN DONACIONES.

En la reforma se establece una nueva tabla de tarifas para los donaciones de los grupos I y II siempre que el donatario tenga un patrimonio preexistente inferior a 402.678,11 euros.

Al leer la memoria económica del anteproyecto de reforma del impuesto llamó mi atención la siguiente frase: “Con esta medida se simplifica el tributo puesto que se reduce el número de tramos. Adicionalmente se rebaja el gravamen que soportarán las donaciones en línea directa, modificación que incide especialmente sobre las donaciones de menor importe incrementando además la progresividad del tributo”.

Aquellos que controléis un poco del tema fiscal se os vendrá la misma pregunta que a mí. ¿Cómo es posible que en un impuesto directo al reducir el número de tramos de la escala se aumente la progresividad? Parece totalmente contraintuitivo.

Lo cierto es que calculé dos índices de progresividad: la elasticidad base residual y la eslasticidad de la recaudación respecto de la base. En ambos índices que arrojaba un resultado de mejor progresividad. Luego, ¿dónde estaba la trampa?

Pues en la reducción del tipo mínimo. El tipo mínimo se aplica a las donaciones de menos de 10.000 euros. Puede parecer una buena medida que tiene en cuenta, por ejemplo, las ayudas que hacen padres a hijos. Pero tiene trampa. La práctica habitual para donar pequeñas cantidades de dinero a los hijos sin tributar por ISD consiste en abrir una cuenta corriente en un banco a nombre de padre/madre e hijo/hija. El padre ingresa el dinero y el hijo va retirando según necesite. Además la hacienda autonómica no dispone de suficientes recursos para ir detrás de todas aquellas pequeñas donaciones entre padres e hijos que se realizan en Asturias.

Veamos la trampa con un ejemplo:

ANTES AHORA
BASE CUOTA TIPO EFECTIVO BASE CUOTA TIPO EFECTIVO
8000 612 7,65% 8000 160 2,00%
800000 205920 25,74% 800000 176700 22,09%
X10 X336 X3,4 X10 X1104 X11

Tal y como estaba antes la escala, una donación de 8.000 euros pagaba cuota de 612 euros a un tipo efectivo del 7,65% (en teoría, porque en la práctica ya he explicado que estas donaciones no se suelen declarar). Por su parte, una donación de 800.000 euros pagaba 205.920 euros a un tipo efectivo del 25,74%. Ahora para ver la progresividad tenemos que fijarnos en cómo se incrementa la base, la cuota y el tipo efectivo en cada caso. Para la escala original la base se multiplica por 10 y la cuota se multiplica por 336.

En la reforma propuesta, para las mismas bases, vemos como éstas se multiplican también por 10 pero las cuotas se multiplican por 1104, y los tipos por 11. Valores estos últimos mucho más altos con la nueva escala. Por lo que podemos decir que el impuesto es más progresivo (al mismo incremento en la base el incremento en cuota es mayor). Pero en realidad se trata de un incremento en la progresividad ficticio. Y digo esto porque las donaciones más pequeñas, que suelen ser en metálico, no se declaran. Se declaran aquellas donaciones de importes en metálico importantes, donaciones de empresas y donaciones de inmuebles, que fácilmente pueden superar valores de 60.000 euros. ¿Y qué pasa con los tipos efectivos de gravamen para estas donaciones? Pues que se reducen (tanto la parte fija de la cuota como el %, excepto el marginal que se mantiene).

Las donaciones de 800.000 euros pasan de tener una cuota de 205.920 euros a una de 176.700 euros. Una reducción del 14% para las grandes donaciones. Se están usando los argumentos  una reducción para las donaciones más modestas y de mejora de la progresividad para colarnos una reducción de impuestos a los más ricos. Tela con el tema.

Este es de esos raros casos en los que una mejora teórica de la progresividad fiscal redunda en una bajada de impuestos a los más ricos. Se baja el tipo mínimo para poder hacer una bajada de impuestos a las donaciones más altas y no perder progresividad (de hecho se gana!). Jugada digna de ser objeto de estudio por los departamentos de hacienda pública de cualquier universidad.

La Hora del Pincho.

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ME DUELE LA IZQUIERDA.

A continuación reproduzco el artículo que me publicaron en el número 3 de la revista EL SOMA. Quiero aclarar que los cambios producidos en gran parte de la izquierda asturiana hoy día acerca del impuesto de sucesiones me harían reescribir en otro sentido el título y artículo.

En este artículo voy a hacer dos confesiones. La primera es que soy de izquierdas. ¿Qué le vamos a hacer? Es cierto que, aunque en ocasiones esta tara ofrece satisfacciones morales y alegrías inesperadas, en otras provoca fuertes dolores intestinales. Me viene a la cabeza un fenómeno conocido como el síndrome del miembro fantasma: cuando a alguien le amputan, por ejemplo, un brazo, sigue sintiendo sensaciones propias del miembro desaparecido, como si siguiese existiendo. A veces pica, o se tiende a utilizarlo, mecánicamente, para usos convencionales como agarrar un tenedor o mover el ratón del portátil. Quizá es lo que me pasa con la izquierda, que parece que sigue ahí pero, cuando uno va a echar mano de ella para defender la progresividad fiscal, de repente se encuentra con un fantasma que sólo responde al eco de determinadas inercias.

Por lo general, la gente de izquierdas nos reconocemos pasándolo pipa mientras defendemos los derechos LGTBI en el Desfile del Orgullo, o reclamando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Coincidimos cuestionando el centralismo más reaccionario frente al reconocimiento de lo propio y reclamando que la Iglesia no reciba subvenciones, no adoctrine a los estudiantes o no se cuele en los úteros de las mujeres. Ser de izquierdas te regala la oportunidad de señalar a la derecha más casposa con el dedo de la superioridad moral. Y todo eso mola. Pero hay ocasiones en las que la izquierda duele. Especialmente, cuando toda esta cosmovisión solidaria y combativa se enfrenta a los intereses particulares. Porque ser de izquierdas está fenomenal cuando sale gratis, pero en el momento en que pensamos que nos puede afectar al bolsillo la cosa cambia. Aunque sea falso. Un buen ejemplo de esto es el debate que se ha generado en Asturias sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Resulta llamativo que, un impuesto que afecta a la minoría más pudiente de la región, se haya convertido en un asunto de emergencia nacional. En Asturias se ha creado una plataforma de afectados por este impuesto que ha recogido más de 100.000 firmas para suprimir este tributo. El segundo tributo directo que más recauda en nuestra comunidad.

Este impuesto, según datos de la Consejería de Economía del Principado de Asturias, lo paga menos del 5% de las declaraciones de herencias por línea directa (de padres a hijos, de abuelos a nietos…) que se realizan en Asturias. No hace falta ser físico cuántico para deducir que el 95% de las declaraciones por herencias por línea directa no lo pagan. Entonces, ¿por qué tanta alarma?

El Impuesto de Sucesiones es muy jurídico, de los más complicados que hay, porque, además de saber de fiscalidad, hay que tener conocimientos de derecho civil. Tiene una normativa densa y su liquidación tiene tantas vicisitudes que se hace de difícil comprensión para el ciudadano de a pie. No es mi intención explicar su estructura de liquidación pero sí resaltar algunos aspectos generales. En primer lugar, es de los que más tienen en cuenta las condiciones personales de los contribuyentes: tiene en cuenta el grado de parentesco, el patrimonio preexistente del heredero, la vivienda habitual, la empresa familiar, las discapacidades, la edad del contribuyente, los adoptantes y adoptados. Incluso es más progresivo que el IRPF. Y está bien que sea así, porque cada herencia es un mundo; no hay dos iguales.

A pesar de todas las consideraciones que tiene el impuesto hacia las situaciones personales es cierto que en ocasiones se dan casos que, por no estar previstos en la ley, dan lugar a situaciones injustas que a mí, como a todos, nos llenan de indignación. Estas situaciones, aunque injustas y que deben ser corregidas a la mayor celeridad, son las que hemos visto en los medios de comunicación, y se encuentran entre el 15% de las personas que liquidan por línea directa e indirecta.

Hasta hace poco, en Asturias, existía una bonificación del 100% en cuota si la base imponible de la herencia era inferior a 150.000 euros por heredero. Esto quiere decir que un matrimonio casado en gananciales con dos hijos podría dejar en herencia a sus dos hijos bienes por valor de 600.000 euros sin que éstos pagasen un solo euros. Esto se debe a que, tras la muerte de uno de los progenitores, primero se heredaría el 50% de la sociedad de gananciales y cada uno de los hijos tendrían un margen de hasta 150.000 euros para beneficiarse de la bonificación. Luego, cuando falleciese el otro cónyuge, se transmitiría el restante 50% y tendrían de nuevo la posibilidad de aplicarse la misma bonificación. En total 600.000 euros sin tributar. Desde hace unos meses esta bonificación no es de aplicación porque se ha implantado una reducción para los primeros 200.000 euros. Lo que hace que en la familia que ponía como ejemplo se puedan transmitir bienes por valor de 800.000 euros sin pagar. Está pactado, entre PP y PSOE que, a partir de abril, esta reducción se incremente a 300.000 euros. Lo que haría que el matrimonio del ejemplo pudiese transmitir bienes por valor de 1,2 millones de euros a sus hijos sin tributar nada.

Se dice que es un impuesto que sangra a las denominadas “clases medias” (incluyendo dentro de esta categoría a la clase trabajadora). A mí me gustaría saber en qué están pensando las quienes piden la supresión del impuesto. ¿No se dan cuenta de que si aceptamos que un matrimonio que tiene más de un millón de euros de patrimonio pueda ser considerado de clase media estamos a la vez diciendo que los partidos que llaman al rescate ciudadano o que denuncian emergencia social están haciendo demagogia? ¿De verdad pensamos que un matrimonio medio de trabajadores en Asturias tiene más de un millón de euros de patrimonio que dejar en herencia? ¿Acaso conocemos la realidad de los trabajadores de nuestra región?

Los detractores de este impuesto han sido muy hábiles a la hora de aprovecharse de los bajos conocimientos fiscales de la gente corriente. No es lo mismo pagar por el Impuesto de Sucesiones que pagar por heredar. Pagar por heredar incluye al Impuesto de Sucesiones (si tienes la suerte de estar entre el 5% que lo paga) pero también incluye pagar notario, registros, costas judiciales y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana. Este último impuesto, conocido como plusvalía, es municipal, se paga al ayuntamiento de turno cada vez que hay una transmisión de un bien inmueble. Y sí, éste se paga en casi todos los casos. No es difícil entender que haya gente que meta en la misma cesta todos los gastos de los trámites de asociados a una herencia y piense que pagó sucesiones.

A pesar de todo lo que he dicho, todavía me queda el argumento estrella de todos los detractores del impuesto: la matraca de la doble imposición. Si me dieran un euro por cada vez que he oído eso de la doble imposición yo mismo le pagaría la liquidación del Impuesto de Sucesiones a la familia Masaveu y me sobraría para pagar unas sidras a los que estén leyendo esto. Lo de pagar dos veces por lo mismo es, simple y llanamente, falso. Para entender el error de los que sostienen la doble imposición hay que entender que los impuestos pueden ser reales o personales. Los reales son los que tienen en consideración la capacidad contributiva de las cosas, y los personales lo que tienen en consideración la capacidad contributiva de las personas. El Impuesto de Sucesiones es personal, porque lo paga la persona que recibe ese flujo de renta, y ésta sólo paga una vez. Que tus padres hayan pagado su IBI o su IRPF, vale. Pero lo pagaron ellos, no tú. Tú vas a pagar (si estás entre el 5% de afortunados que más heredan) por un flujo de renta lucrativa. Si este argumento lo extendemos al resto de impuestos de nuestro abanico fiscal significaría que no tendríamos que pagar IRPF, porque el dinero que recibimos viene de una empresa que ya ha pagado su Impuesto de Sociedades. O que no tendríamos que pagar IVA, porque ya hemos pagado IRPF. Y así nos encontraríamos con que todos los impuestos son doble imposición. Acabaríamos quitando los impuestos, en consecuencia desaparecerían los servicios públicos y pasaríamos a la llamada asignación individual de costes. Esto es, que cada uno se eduque, cure y se mantenga con sus capacidades individuales.

Ahora, tengo que hacer la segunda confesión que indicaba al inicio del artículo: no sólo me duele la ausencia, es que además no soporto a la gente de izquierdas que carga contra el Impuesto de Sucesiones. Amigos, ¿en qué momento se nos jodió la brújula? Es un impuesto que estadísticamente no afecta a la clase trabajadora. El 95% de los declarantes por línea directa no pagan. Si bien es cierto que las grandes fortunas tienen cierta capacidad para esquivar su tributación (cosa totalmente inaceptable), la mayor carga impositiva recae sobre la pequeña burguesía y los grandes patrimonios, que alimentan este movimiento popular reaccionario contra el Impuesto de Sucesiones. Esta gente se lía la manta a la cabeza cuando hay que pagar impuestos para financiar servicios públicos que ellos no utilizan y luego se la quitan cuando hay que salir a la calle a luchar contra los recortes hacia esos mismos servicios públicos. El brazo amputado de la izquierda quintacolumnista le está haciendo el trabajo sucio a personas con las que no comparte intereses de clase. La pequeña burguesía se va a marcar un “sinpa” en nuestra cara y encima les aplaudimos.

Este movimiento contra el Impuesto de Sucesiones ya está hablando de que su siguiente objetivo será la plusvalía municipal y el impuesto del patrimonio. Se trata de un movimiento anti-impuestos y pretendidamente antipolítico que tiene el apoyo ideológico del Tea Party español, un think tank turboliberal llamado El Club de los Viernes donde participan líderes del partido VOX y que contiene miembros que defienden medidas tan reaccionarias como un IRPF de tipo único. En Andalucía se está formando otra plataforma similar que ya tiene contactos con la plataforma asturiana. Como este sentimiento se extienda a otras comunidades vamos a tener un fuerte escollo para defender la progresividad fiscal y la financiación de los servicios públicos.

Desde que se inició el debate sobre el Impuesto de Sucesiones, quienes lo defendemos nos quedamos contra las cuerdas en el primer asalto. Y lo único que hemos sacado en limpio de todo esto, por desgracia, es que “cuñaos” no sólo los hay de derechas. Por más que duela reconocerlo, también los hay de izquierdas. Si se quieren cambiar las tornas en este debate, las organizaciones progresistas tienen que plantear un propuesta fiscal coherente y fundamentada, sobre la base de un sistema tributario progresivo que sirva para la reasignación de rentas según el principio de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Pero antes de nada, empecemos a asumir la responsabilidad de hablar con claridad para ver con cuántos miembros contamos realmente.

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ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN LA LEY 39/2015.

En el siguiente post vamos a resumir las especialidades referentes al procedimiento sancionador de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

En la LPAC lo primero que nos encontramos en referencia al procedimiento sancionador aparece en el artículo 25 (falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio). En el punto 1 apartado b) nos dice que “en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95″.

En el artículo 35 nos dice que deberán ser motivadas “las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador […]”

Sobre la nulidad de las disposiciones administrativas que aparece en el artículo 47 se nos dice que serán nulas las disposiciones que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

En los procedimientos de naturaleza sancionadora los presuntos responsables, además de los derechos comunes a todos los interesados tendrán una serie de derechos específicos (artículo 53.2):

“a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”.

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Artículo 55. Información y actuaciones previas, en el apartado 2 nos dice la LPAC: En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas las funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de Orden Superior. En el apartado 2 nos dice: “en los posibles procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

Aquí podemos observar cómo en el inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior, el órgano administrativo superior jerárquico transmite una orden en la que se incluye la información previa del artículo 55.

En el caso de que la iniciación del procedimiento sancionador sea por denuncia (artículo 62) deberemos tener en cuenta los siguiente:

“4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objetivo de la denuncia.”

Ahora ya podemos entrar propiamente en las especialidades en la iniciación de los procedimientos sancionadores:

Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.

1.Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.

Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.

2.En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

3.No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora.

1.El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

Asimismo la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.

2.El acuerdo de iniciación deberá contener al menos:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Aquí apenas hay particularidades para el procedimiento sancionador a excepción del punto 4 del artículo 77, medios y período de prueba:

“4.En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.”

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.

1.Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

2.Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.

3.En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción (ojo, aquí cabe recursos contencioso-administrativo).

El % de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.

En el artículo 88.7, contenido, nos dice que cuando la competencia para resolver e instruir recaiga en órganos distintos será necesaria una propuesta de resolución. Además esta propuesta deberá ser notificada a los interesados en los términos previsto en el artículo 89.

Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.

1.El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.

b) Cuando los hechos no resulten acreditados.

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

2.En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

3.En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia.

Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.

1.En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, e especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

2.En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.

3.La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

  1. No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.
  2. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

4.Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar a estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.

Como nos dice el artículo 96.5: “En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2.”

EJECUTORIEDAD.

En el artículo 98.1.b nos dice que, entre otros, los actos de las administraciones públicas serán inmediatamente ejecutivos salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra el que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición .

FIN VÍA ADMINISTRATIVA.

Según el artículo 114, pondrán fin a la vía administrativa, entre otros, la resolución de los procedimiento complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4

Y bueno hasta aquí todas las especialidades que he encontrado destacables en la LPAC sobre el procedimiento sancionador. Si sabéis de alguna más, por favor, indicarla en los comentarios.

La Hora del Pincho.

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MEDIDAS PROVISIONALES EN LA LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS AA.PP

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas aparecen recogidas las medidas provisionales en su artículo 56.

Lo primero que tenemos que distinguir al hablar de medidas provisionales es si éstas se toman antes de empezar el procedimiento o durante el procedimiento.

Si se toman antes de empezar el procedimiento estamos hablando del punto 2 del artículo 56.

“2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.”

Si las medidas provisionales se toman cuando el procedimiento ya está iniciado estamos hablando del punto 1 del artículo 56.

“1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y menor onerosidad.”

La medidas provisionales que se podrán adoptar son las previstas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

  1. Suspensión de actividades.
  2. Prestación de fianzas.
  3. Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.
  4. Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
  5. El depósito, retención o inmovilizado de cosa mueble.
  6. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.
  7. Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
  8. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.
  9. Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.

Además de todo esto hay que destacar el contenido de los puntos 4 y 5.

“4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.”

“5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente”.

La Hora del Pincho.

 

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LA SUSPENSIÓN EN LA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Aquellos que estamos opositando a la función pública sabemos que esta ley es básica y aparece en la totalidad de temarios para los puestos de auxiliar, administrativo o gestor. Junto con su “hermana”, la ley de Régimen Jurídico del Sector Público forman el tronco del derecho administrativo de las AA.PP.

Cuando hablamos de suspensión en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), lo primero que tenemos que hacer es distinguir si estamos hablando de la suspensión del plazo para resolver (artículo 22) o de la suspensión de la ejecución (artículo 108 si es por revisión de oficio y artículo 117 si es por recurso).

Si hablamos de la suspensión del plazo máximo para resolver tenemos que tener claro lo siguiente:

1) El plazo máximo para resolver un procedimiento viene establecido en el artículo 21.2 y 3 de la ley: “El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”.

“Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la UE”.

“Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”.

2) El plazo para resolver y notificar se puede ampliar según el artículo 23. Ojo, no confundir con la ampliación de plazos para trámites del artículo 32.

3) El plazo para máximo para resolver se podrá suspender o se suspenderá dependiendo de las circunstancias del caso concreto de acuerdo a los casos que aparecen en el artículo 21 de la LPAC.

El plazo máximo para resolver se podrá suspender:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la LPAC (subsanación y mejora).

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la UE, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la UE que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, o que también habrá de ser notificado.

d) Cuando se soliciten informes preceptivos (artículo 80) a un órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados,  y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente (artículos 77 y 78).

f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde su declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.

g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

El plazo máximo para resolver se suspenderá:

a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso se resuelva el recursos interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.

c) Cuando los interesados promuevan la recusación (artículo 74) en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.

Artículos relacionados con la suspensión:

Artículo 35, Motivación:  Serán motivados: “Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56”.

Artículo 74, Cuestiones Incidentales: “…no suspenderán las tramitación del mismo salvo la recusación”.

Artículo 81, Solicitud de Informes y Dictámenes en los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial. En el punto 3: “En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

Ahora veamos el otro tipo de suspensión recogida en la LPAC, la suspensión de la ejecución.

Según el artículo 98. Ejecutoriedad: “Los actos de la AAPP sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que […] se produzca la suspensión de la ejecución del acto”

Si la suspensión de la ejecución de declara por el procedimiento de revisión de oficio:

Artículo 108. Suspensión: “Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Si la suspensión de la ejecución se declara por recurso:

Artículo 117. Suspensión de la ejecución:

1)”La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.”

2)”No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.

3)”La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido 1 mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley (silencio estimatorio).

4)”Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado (artículo 56).

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud”.

5)”Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de una acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó”.

Además de esto, también debemos tener en cuenta una especialidad en la resolución de los procedimientos sancionadores:

Artículo 90. Especialidades de la Resolución en los Procedimientos Sancionadores:

3)”La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

1º. No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.

2º. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

4) […]

Por último un rápido apunte. Hemos visto que se puede suspender el plazo para resolver y notificar y la ejecución del acto. En la ley aparece otro tipo de suspensión, la suspensión temporal de actividades. Aparece recogida en el artículo 56. Medidas provisionales. No la confundáis con los tipos de suspensión.

La Hora del Pincho.

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LA BUENA PRENSA Y EL IMPUESTO DE SUCESIONES

El presente artículo trata sobre las mentiras y medias verdades que se están esgrimiendo en el debate sobre el impuesto. Entre las medias verdades incluyo el artículo sobre el impuesto de sucesiones publicado en el día de ayer en el diario La Nueva España (LNE).

No salgo de mi asombro cuando veo que un tema que afecta al 10% de la población más rica, convertido en un asunto de alarma social que ha llegado hasta los principales medios de comunicación del país.

En el día de ayer salía publicado un artículo en el diario La Nueva España (el diario más leído en el Principado de Asturias) en el que se advertía de que la clase media era la más afectada por el impuesto de sucesiones.

En dicho artículo se dice que entre 2012 y 2015 un total de 4.191 personas pagaron impuesto de sucesiones. De los cuales 821 eran familiares directos. A continuación en ese artículo “se pone la lupa” (ojo a esta expresión porque es clave) sobre esas 821 personas. Es curioso que “se ponga la lupa” sobre esas 821 personas que, según los datos de la Consejería de Economía del Principado de Asturias, son el 5% de los declarantes y no se analice al otro 95% de personas que siendo familiares directos no pagan.

Lo que propongo es hacer una simple regla de tres. Si el 5% de los herederos por línea directa que liquidaron el impuesto en el período 2012-2015 son 821 personas como dice LNE. ¿Cuántos contribuyentes liquidaron el impuesto en ese período?

Si hacemos esa simple regla de tres el resultado es 16.420 personas.

En el citado artículo de LNE se da a entender que de las 821 personas que pagaron, 52 eran ricas (se hace esta suposición porque recibieron herencias superiores a los 800.000 euros). Dando a entender que el resto de contribuyentes son clase media (según el artículo la clase más afectada por el impuesto).

Lo que propongo ahora es hacer otra simple operación matemática. Si la clase media para LNE es la diferencia entre las 821 personas que pagaron, menos las 56 que pagaron y son ricas. ¿Cuántas de esas personas son clase media?

Pues veamos, 821 – 56 = 765 personas.

Ahora si comparamos esas 765 personas de clase media (según LNE) sobre el total de personas que calculamos antes (las que habían liquidado el impuesto en el período 2012-2015), nos sale lo siguiente:

765 (personas que son clase media según LNE) /  16.420 (personas que declararon) = 0,0465

El resultado se puede pasar a % y redondeado, dando lugar a un 4,7%. Según LNE el 4,7% de los contribuyentes que liquidaron el impuesto de sucesiones y pagaron son clase media.

Ahora veamos el porcentaje de personas que no pagaron el impuesto de sucesiones:

15.559 (personas que no pagaron) / 16420 (personas que declararon) = 0,95

Evidentemente esto es el 95% de personas que liquidan y no pagan el impuesto de sucesiones y que LNE no sitúa en ninguna clase social. De hecho no “se pone la lupa” sobre ellos. Es como si no existieran, o, podéis llamarme desconfiado, es como si estorbasen a la hora de manipular a la opinión pública.

Y ahora vayamos a por los ricos:

56 (ricos según LNE que pagaron) / 16420 (personas que declararon) = 0,0034

El 0,3% de los declarantes son ricos según LNE.

En el siguiente cuadro resumo los resultados de estas complicadas operaciones:

CLASE SOCIAL SEGÚN LNE % DE PERSONAS SOBRE EL TOTAL DE DECLARANTES
RICOS 0,3 %
CLASE MEDIA 4,7%
SIN CLASE SOCIAL 95%

Cuando en el artículo de LNE nos dicen de “poner el foco” en las 821 personas que pagan el impuesto por una herencia de línea directa (obviando a las personas que presentan declaración y no pagan) distorsionan por completo la realidad de los datos. ¿Acaso el 95% de personas que no pagan impuesto de sucesiones por una herencia de línea directa no pertenecen a la clase media? ¿La clase media asturiana son esas 765 personas que representan el 4,7% de las que pagan el impuesto de sucesiones por línea directa? Por favor seamos serios o tengamos un mínimo de honestidad intelectual.

En el artículo nos dice LNE que el tramo de herencia donde más gente paga es el que va de 150.000 euros a 240.000 euros. Con un total de 411 personas en el período 2010-2015. También nos dicen que la herencia media de ese tramo es de 205.191 euros. Esto lo voy a explicar con un ejemplo. En una familia formada por madre, padre (casados en gananciales) e hijo. En el caso de fallezca la madre, el hijo podría heredar 205.191 euros por el 50% de la sociedad de gananciales y pagaría 15.654 euros. Posteriormente cuando falleciese el padre heredaría el otro 50%, otros 205.191 euros, y volvería a pagar 15.654 euros. En total recibiría una herencia de 410.382 euros y pagaría 31.308 euros. Veamos:

  1. Si un matrimonio de clase media en Asturias tiene de patrimonio 410.382 euros no sé por qué nos preocupamos por la crisis económica.
  2. El pago en impuestos por recibir esta herencia es del 7,62 %. Reto al que esté leyendo esto a que calcule lo que tendría que pagar por irpf si recibiese un salario anual de 410.382 euros. Bueno… no, ya se lo digo yo, cerca del 45%.

También en este artículo se usa un gráfico con el número de renuncias a herencias sin aportar ningún elemento de causalidad con el impuesto. No se diferencia entre las renuncias que se hacen en favor de terceras personas o las que se hacen porque las herencias están cargadas de más deudas que bienes.

En este artículo también se mencionan algunas de la triquiñuelas que usan los ricos para evadir el impuesto como trasladar bienes a la empresa familiar (porque tienen deducciones de hasta el 99%) o cambiando su residencia aunque sus gastos médicos se sigan realizando en Asturias. Si bien es cierto que algunos miserables cambian su domicilio para intentar evadir el impuesto, esto no es motivo para pedir su eliminación. Si en una ciudad hay personas que se saltan los semáforos ¿la solución es quitar los semáforos?

Está claro que con este artículo LNE ha hecho gala de su objetividad y buen hacer en el campo comunicativo. La clara, honesta e imparcial información que se transmite es digna, en mi modesta opinión, de merecer por lo menos un premio Pulitzer o equivalente. Que viva la buena prensa!

La Hora del Pincho.

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