ME DUELE LA IZQUIERDA.

A continuación reproduzco el artículo que me publicaron en el número 3 de la revista EL SOMA. Quiero aclarar que los cambios producidos en gran parte de la izquierda asturiana hoy día acerca del impuesto de sucesiones me harían reescribir en otro sentido el título y artículo.

En este artículo voy a hacer dos confesiones. La primera es que soy de izquierdas. ¿Qué le vamos a hacer? Es cierto que, aunque en ocasiones esta tara ofrece satisfacciones morales y alegrías inesperadas, en otras provoca fuertes dolores intestinales. Me viene a la cabeza un fenómeno conocido como el síndrome del miembro fantasma: cuando a alguien le amputan, por ejemplo, un brazo, sigue sintiendo sensaciones propias del miembro desaparecido, como si siguiese existiendo. A veces pica, o se tiende a utilizarlo, mecánicamente, para usos convencionales como agarrar un tenedor o mover el ratón del portátil. Quizá es lo que me pasa con la izquierda, que parece que sigue ahí pero, cuando uno va a echar mano de ella para defender la progresividad fiscal, de repente se encuentra con un fantasma que sólo responde al eco de determinadas inercias.

Por lo general, la gente de izquierdas nos reconocemos pasándolo pipa mientras defendemos los derechos LGTBI en el Desfile del Orgullo, o reclamando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Coincidimos cuestionando el centralismo más reaccionario frente al reconocimiento de lo propio y reclamando que la Iglesia no reciba subvenciones, no adoctrine a los estudiantes o no se cuele en los úteros de las mujeres. Ser de izquierdas te regala la oportunidad de señalar a la derecha más casposa con el dedo de la superioridad moral. Y todo eso mola. Pero hay ocasiones en las que la izquierda duele. Especialmente, cuando toda esta cosmovisión solidaria y combativa se enfrenta a los intereses particulares. Porque ser de izquierdas está fenomenal cuando sale gratis, pero en el momento en que pensamos que nos puede afectar al bolsillo la cosa cambia. Aunque sea falso. Un buen ejemplo de esto es el debate que se ha generado en Asturias sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Resulta llamativo que, un impuesto que afecta a la minoría más pudiente de la región, se haya convertido en un asunto de emergencia nacional. En Asturias se ha creado una plataforma de afectados por este impuesto que ha recogido más de 100.000 firmas para suprimir este tributo. El segundo tributo directo que más recauda en nuestra comunidad.

Este impuesto, según datos de la Consejería de Economía del Principado de Asturias, lo paga menos del 5% de las declaraciones de herencias por línea directa (de padres a hijos, de abuelos a nietos…) que se realizan en Asturias. No hace falta ser físico cuántico para deducir que el 95% de las declaraciones por herencias por línea directa no lo pagan. Entonces, ¿por qué tanta alarma?

El Impuesto de Sucesiones es muy jurídico, de los más complicados que hay, porque, además de saber de fiscalidad, hay que tener conocimientos de derecho civil. Tiene una normativa densa y su liquidación tiene tantas vicisitudes que se hace de difícil comprensión para el ciudadano de a pie. No es mi intención explicar su estructura de liquidación pero sí resaltar algunos aspectos generales. En primer lugar, es de los que más tienen en cuenta las condiciones personales de los contribuyentes: tiene en cuenta el grado de parentesco, el patrimonio preexistente del heredero, la vivienda habitual, la empresa familiar, las discapacidades, la edad del contribuyente, los adoptantes y adoptados. Incluso es más progresivo que el IRPF. Y está bien que sea así, porque cada herencia es un mundo; no hay dos iguales.

A pesar de todas las consideraciones que tiene el impuesto hacia las situaciones personales es cierto que en ocasiones se dan casos que, por no estar previstos en la ley, dan lugar a situaciones injustas que a mí, como a todos, nos llenan de indignación. Estas situaciones, aunque injustas y que deben ser corregidas a la mayor celeridad, son las que hemos visto en los medios de comunicación, y se encuentran entre el 15% de las personas que liquidan por línea directa e indirecta.

Hasta hace poco, en Asturias, existía una bonificación del 100% en cuota si la base imponible de la herencia era inferior a 150.000 euros por heredero. Esto quiere decir que un matrimonio casado en gananciales con dos hijos podría dejar en herencia a sus dos hijos bienes por valor de 600.000 euros sin que éstos pagasen un solo euros. Esto se debe a que, tras la muerte de uno de los progenitores, primero se heredaría el 50% de la sociedad de gananciales y cada uno de los hijos tendrían un margen de hasta 150.000 euros para beneficiarse de la bonificación. Luego, cuando falleciese el otro cónyuge, se transmitiría el restante 50% y tendrían de nuevo la posibilidad de aplicarse la misma bonificación. En total 600.000 euros sin tributar. Desde hace unos meses esta bonificación no es de aplicación porque se ha implantado una reducción para los primeros 200.000 euros. Lo que hace que en la familia que ponía como ejemplo se puedan transmitir bienes por valor de 800.000 euros sin pagar. Está pactado, entre PP y PSOE que, a partir de abril, esta reducción se incremente a 300.000 euros. Lo que haría que el matrimonio del ejemplo pudiese transmitir bienes por valor de 1,2 millones de euros a sus hijos sin tributar nada.

Se dice que es un impuesto que sangra a las denominadas “clases medias” (incluyendo dentro de esta categoría a la clase trabajadora). A mí me gustaría saber en qué están pensando las quienes piden la supresión del impuesto. ¿No se dan cuenta de que si aceptamos que un matrimonio que tiene más de un millón de euros de patrimonio pueda ser considerado de clase media estamos a la vez diciendo que los partidos que llaman al rescate ciudadano o que denuncian emergencia social están haciendo demagogia? ¿De verdad pensamos que un matrimonio medio de trabajadores en Asturias tiene más de un millón de euros de patrimonio que dejar en herencia? ¿Acaso conocemos la realidad de los trabajadores de nuestra región?

Los detractores de este impuesto han sido muy hábiles a la hora de aprovecharse de los bajos conocimientos fiscales de la gente corriente. No es lo mismo pagar por el Impuesto de Sucesiones que pagar por heredar. Pagar por heredar incluye al Impuesto de Sucesiones (si tienes la suerte de estar entre el 5% que lo paga) pero también incluye pagar notario, registros, costas judiciales y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana. Este último impuesto, conocido como plusvalía, es municipal, se paga al ayuntamiento de turno cada vez que hay una transmisión de un bien inmueble. Y sí, éste se paga en casi todos los casos. No es difícil entender que haya gente que meta en la misma cesta todos los gastos de los trámites de asociados a una herencia y piense que pagó sucesiones.

A pesar de todo lo que he dicho, todavía me queda el argumento estrella de todos los detractores del impuesto: la matraca de la doble imposición. Si me dieran un euro por cada vez que he oído eso de la doble imposición yo mismo le pagaría la liquidación del Impuesto de Sucesiones a la familia Masaveu y me sobraría para pagar unas sidras a los que estén leyendo esto. Lo de pagar dos veces por lo mismo es, simple y llanamente, falso. Para entender el error de los que sostienen la doble imposición hay que entender que los impuestos pueden ser reales o personales. Los reales son los que tienen en consideración la capacidad contributiva de las cosas, y los personales lo que tienen en consideración la capacidad contributiva de las personas. El Impuesto de Sucesiones es personal, porque lo paga la persona que recibe ese flujo de renta, y ésta sólo paga una vez. Que tus padres hayan pagado su IBI o su IRPF, vale. Pero lo pagaron ellos, no tú. Tú vas a pagar (si estás entre el 5% de afortunados que más heredan) por un flujo de renta lucrativa. Si este argumento lo extendemos al resto de impuestos de nuestro abanico fiscal significaría que no tendríamos que pagar IRPF, porque el dinero que recibimos viene de una empresa que ya ha pagado su Impuesto de Sociedades. O que no tendríamos que pagar IVA, porque ya hemos pagado IRPF. Y así nos encontraríamos con que todos los impuestos son doble imposición. Acabaríamos quitando los impuestos, en consecuencia desaparecerían los servicios públicos y pasaríamos a la llamada asignación individual de costes. Esto es, que cada uno se eduque, cure y se mantenga con sus capacidades individuales.

Ahora, tengo que hacer la segunda confesión que indicaba al inicio del artículo: no sólo me duele la ausencia, es que además no soporto a la gente de izquierdas que carga contra el Impuesto de Sucesiones. Amigos, ¿en qué momento se nos jodió la brújula? Es un impuesto que estadísticamente no afecta a la clase trabajadora. El 95% de los declarantes por línea directa no pagan. Si bien es cierto que las grandes fortunas tienen cierta capacidad para esquivar su tributación (cosa totalmente inaceptable), la mayor carga impositiva recae sobre la pequeña burguesía y los grandes patrimonios, que alimentan este movimiento popular reaccionario contra el Impuesto de Sucesiones. Esta gente se lía la manta a la cabeza cuando hay que pagar impuestos para financiar servicios públicos que ellos no utilizan y luego se la quitan cuando hay que salir a la calle a luchar contra los recortes hacia esos mismos servicios públicos. El brazo amputado de la izquierda quintacolumnista le está haciendo el trabajo sucio a personas con las que no comparte intereses de clase. La pequeña burguesía se va a marcar un “sinpa” en nuestra cara y encima les aplaudimos.

Este movimiento contra el Impuesto de Sucesiones ya está hablando de que su siguiente objetivo será la plusvalía municipal y el impuesto del patrimonio. Se trata de un movimiento anti-impuestos y pretendidamente antipolítico que tiene el apoyo ideológico del Tea Party español, un think tank turboliberal llamado El Club de los Viernes donde participan líderes del partido VOX y que contiene miembros que defienden medidas tan reaccionarias como un IRPF de tipo único. En Andalucía se está formando otra plataforma similar que ya tiene contactos con la plataforma asturiana. Como este sentimiento se extienda a otras comunidades vamos a tener un fuerte escollo para defender la progresividad fiscal y la financiación de los servicios públicos.

Desde que se inició el debate sobre el Impuesto de Sucesiones, quienes lo defendemos nos quedamos contra las cuerdas en el primer asalto. Y lo único que hemos sacado en limpio de todo esto, por desgracia, es que “cuñaos” no sólo los hay de derechas. Por más que duela reconocerlo, también los hay de izquierdas. Si se quieren cambiar las tornas en este debate, las organizaciones progresistas tienen que plantear un propuesta fiscal coherente y fundamentada, sobre la base de un sistema tributario progresivo que sirva para la reasignación de rentas según el principio de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Pero antes de nada, empecemos a asumir la responsabilidad de hablar con claridad para ver con cuántos miembros contamos realmente.

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ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN LA LEY 39/2015.

En el siguiente post vamos a resumir las especialidades referentes al procedimiento sancionador de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

En la LPAC lo primero que nos encontramos en referencia al procedimiento sancionador aparece en el artículo 25 (falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio). En el punto 1 apartado b) nos dice que “en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95″.

En el artículo 35 nos dice que deberán ser motivadas “las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador […]”

Sobre la nulidad de las disposiciones administrativas que aparece en el artículo 47 se nos dice que serán nulas las disposiciones que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

En los procedimientos de naturaleza sancionadora los presuntos responsables, además de los derechos comunes a todos los interesados tendrán una serie de derechos específicos (artículo 53.2):

“a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”.

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Artículo 55. Información y actuaciones previas, en el apartado 2 nos dice la LPAC: En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas las funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de Orden Superior. En el apartado 2 nos dice: “en los posibles procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

Aquí podemos observar cómo en el inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior, el órgano administrativo superior jerárquico transmite una orden en la que se incluye la información previa del artículo 55.

En el caso de que la iniciación del procedimiento sancionador sea por denuncia (artículo 62) deberemos tener en cuenta los siguiente:

“4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objetivo de la denuncia.”

Ahora ya podemos entrar propiamente en las especialidades en la iniciación de los procedimientos sancionadores:

Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.

1.Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.

Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.

2.En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

3.No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora.

1.El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

Asimismo la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.

2.El acuerdo de iniciación deberá contener al menos:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Aquí apenas hay particularidades para el procedimiento sancionador a excepción del punto 4 del artículo 77, medios y período de prueba:

“4.En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.”

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.

1.Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

2.Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.

3.En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción (ojo, aquí cabe recursos contencioso-administrativo).

El % de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.

En el artículo 88.7, contenido, nos dice que cuando la competencia para resolver e instruir recaiga en órganos distintos será necesaria una propuesta de resolución. Además esta propuesta deberá ser notificada a los interesados en los términos previsto en el artículo 89.

Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.

1.El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.

b) Cuando los hechos no resulten acreditados.

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

2.En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

3.En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia.

Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.

1.En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, e especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

2.En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.

3.La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

  1. No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.
  2. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

4.Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar a estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.

Como nos dice el artículo 96.5: “En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2.”

EJECUTORIEDAD.

En el artículo 98.1.b nos dice que, entre otros, los actos de las administraciones públicas serán inmediatamente ejecutivos salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra el que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición .

FIN VÍA ADMINISTRATIVA.

Según el artículo 114, pondrán fin a la vía administrativa, entre otros, la resolución de los procedimiento complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4

Y bueno hasta aquí todas las especialidades que he encontrado destacables en la LPAC sobre el procedimiento sancionador. Si sabéis de alguna más, por favor, indicarla en los comentarios.

La Hora del Pincho.

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MEDIDAS PROVISIONALES EN LA LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS AA.PP

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas aparecen recogidas las medidas provisionales en su artículo 56.

Lo primero que tenemos que distinguir al hablar de medidas provisionales es si éstas se toman antes de empezar el procedimiento o durante el procedimiento.

Si se toman antes de empezar el procedimiento estamos hablando del punto 2 del artículo 56.

“2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.”

Si las medidas provisionales se toman cuando el procedimiento ya está iniciado estamos hablando del punto 1 del artículo 56.

“1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y menor onerosidad.”

La medidas provisionales que se podrán adoptar son las previstas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

  1. Suspensión de actividades.
  2. Prestación de fianzas.
  3. Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.
  4. Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
  5. El depósito, retención o inmovilizado de cosa mueble.
  6. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.
  7. Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
  8. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.
  9. Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.

Además de todo esto hay que destacar el contenido de los puntos 4 y 5.

“4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.”

“5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente”.

La Hora del Pincho.

 

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LA SUSPENSIÓN EN LA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Aquellos que estamos opositando a la función pública sabemos que esta ley es básica y aparece en la totalidad de temarios para los puestos de auxiliar, administrativo o gestor. Junto con su “hermana”, la ley de Régimen Jurídico del Sector Público forman el tronco del derecho administrativo de las AA.PP.

Cuando hablamos de suspensión en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), lo primero que tenemos que hacer es distinguir si estamos hablando de la suspensión del plazo para resolver (artículo 22) o de la suspensión de la ejecución (artículo 108 si es por revisión de oficio y artículo 117 si es por recurso).

Si hablamos de la suspensión del plazo máximo para resolver tenemos que tener claro lo siguiente:

1) El plazo máximo para resolver un procedimiento viene establecido en el artículo 21.2 y 3 de la ley: “El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”.

“Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la UE”.

“Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”.

2) El plazo para resolver y notificar se puede ampliar según el artículo 23. Ojo, no confundir con la ampliación de plazos para trámites del artículo 32.

3) El plazo para máximo para resolver se podrá suspender o se suspenderá dependiendo de las circunstancias del caso concreto de acuerdo a los casos que aparecen en el artículo 21 de la LPAC.

El plazo máximo para resolver se podrá suspender:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la LPAC (subsanación y mejora).

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la UE, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la UE que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, o que también habrá de ser notificado.

d) Cuando se soliciten informes preceptivos (artículo 80) a un órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados,  y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente (artículos 77 y 78).

f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde su declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.

g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

El plazo máximo para resolver se suspenderá:

a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso se resuelva el recursos interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.

c) Cuando los interesados promuevan la recusación (artículo 74) en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.

Artículos relacionados con la suspensión:

Artículo 35, Motivación:  Serán motivados: “Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56”.

Artículo 74, Cuestiones Incidentales: “…no suspenderán las tramitación del mismo salvo la recusación”.

Artículo 81, Solicitud de Informes y Dictámenes en los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial. En el punto 3: “En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

Ahora veamos el otro tipo de suspensión recogida en la LPAC, la suspensión de la ejecución.

Según el artículo 98. Ejecutoriedad: “Los actos de la AAPP sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que […] se produzca la suspensión de la ejecución del acto”

Si la suspensión de la ejecución de declara por el procedimiento de revisión de oficio:

Artículo 108. Suspensión: “Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Si la suspensión de la ejecución se declara por recurso:

Artículo 117. Suspensión de la ejecución:

1)”La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.”

2)”No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.

3)”La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido 1 mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley (silencio estimatorio).

4)”Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado (artículo 56).

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud”.

5)”Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de una acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó”.

Además de esto, también debemos tener en cuenta una especialidad en la resolución de los procedimientos sancionadores:

Artículo 90. Especialidades de la Resolución en los Procedimientos Sancionadores:

3)”La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

1º. No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.

2º. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

4) […]

Por último un rápido apunte. Hemos visto que se puede suspender el plazo para resolver y notificar y la ejecución del acto. En la ley aparece otro tipo de suspensión, la suspensión temporal de actividades. Aparece recogida en el artículo 56. Medidas provisionales. No la confundáis con los tipos de suspensión.

La Hora del Pincho.

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LA BUENA PRENSA Y EL IMPUESTO DE SUCESIONES

El presente artículo trata sobre las mentiras y medias verdades que se están esgrimiendo en el debate sobre el impuesto. Entre las medias verdades incluyo el artículo sobre el impuesto de sucesiones publicado en el día de ayer en el diario La Nueva España (LNE).

No salgo de mi asombro cuando veo que un tema que afecta al 10% de la población más rica, convertido en un asunto de alarma social que ha llegado hasta los principales medios de comunicación del país.

En el día de ayer salía publicado un artículo en el diario La Nueva España (el diario más leído en el Principado de Asturias) en el que se advertía de que la clase media era la más afectada por el impuesto de sucesiones.

En dicho artículo se dice que entre 2012 y 2015 un total de 4.191 personas pagaron impuesto de sucesiones. De los cuales 821 eran familiares directos. A continuación en ese artículo “se pone la lupa” (ojo a esta expresión porque es clave) sobre esas 821 personas. Es curioso que “se ponga la lupa” sobre esas 821 personas que, según los datos de la Consejería de Economía del Principado de Asturias, son el 5% de los declarantes y no se analice al otro 95% de personas que siendo familiares directos no pagan.

Lo que propongo es hacer una simple regla de tres. Si el 5% de los herederos por línea directa que liquidaron el impuesto en el período 2012-2015 son 821 personas como dice LNE. ¿Cuántos contribuyentes liquidaron el impuesto en ese período?

Si hacemos esa simple regla de tres el resultado es 16.420 personas.

En el citado artículo de LNE se da a entender que de las 821 personas que pagaron, 52 eran ricas (se hace esta suposición porque recibieron herencias superiores a los 800.000 euros). Dando a entender que el resto de contribuyentes son clase media (según el artículo la clase más afectada por el impuesto).

Lo que propongo ahora es hacer otra simple operación matemática. Si la clase media para LNE es la diferencia entre las 821 personas que pagaron, menos las 56 que pagaron y son ricas. ¿Cuántas de esas personas son clase media?

Pues veamos, 821 – 56 = 765 personas.

Ahora si comparamos esas 765 personas de clase media (según LNE) sobre el total de personas que calculamos antes (las que habían liquidado el impuesto en el período 2012-2015), nos sale lo siguiente:

765 (personas que son clase media según LNE) /  16.420 (personas que declararon) = 0,0465

El resultado se puede pasar a % y redondeado, dando lugar a un 4,7%. Según LNE el 4,7% de los contribuyentes que liquidaron el impuesto de sucesiones y pagaron son clase media.

Ahora veamos el porcentaje de personas que no pagaron el impuesto de sucesiones:

15.559 (personas que no pagaron) / 16420 (personas que declararon) = 0,95

Evidentemente esto es el 95% de personas que liquidan y no pagan el impuesto de sucesiones y que LNE no sitúa en ninguna clase social. De hecho no “se pone la lupa” sobre ellos. Es como si no existieran, o, podéis llamarme desconfiado, es como si estorbasen a la hora de manipular a la opinión pública.

Y ahora vayamos a por los ricos:

56 (ricos según LNE que pagaron) / 16420 (personas que declararon) = 0,0034

El 0,3% de los declarantes son ricos según LNE.

En el siguiente cuadro resumo los resultados de estas complicadas operaciones:

CLASE SOCIAL SEGÚN LNE % DE PERSONAS SOBRE EL TOTAL DE DECLARANTES
RICOS 0,3 %
CLASE MEDIA 4,7%
SIN CLASE SOCIAL 95%

Cuando en el artículo de LNE nos dicen de “poner el foco” en las 821 personas que pagan el impuesto por una herencia de línea directa (obviando a las personas que presentan declaración y no pagan) distorsionan por completo la realidad de los datos. ¿Acaso el 95% de personas que no pagan impuesto de sucesiones por una herencia de línea directa no pertenecen a la clase media? ¿La clase media asturiana son esas 765 personas que representan el 4,7% de las que pagan el impuesto de sucesiones por línea directa? Por favor seamos serios o tengamos un mínimo de honestidad intelectual.

En el artículo nos dice LNE que el tramo de herencia donde más gente paga es el que va de 150.000 euros a 240.000 euros. Con un total de 411 personas en el período 2010-2015. También nos dicen que la herencia media de ese tramo es de 205.191 euros. Esto lo voy a explicar con un ejemplo. En una familia formada por madre, padre (casados en gananciales) e hijo. En el caso de fallezca la madre, el hijo podría heredar 205.191 euros por el 50% de la sociedad de gananciales y pagaría 15.654 euros. Posteriormente cuando falleciese el padre heredaría el otro 50%, otros 205.191 euros, y volvería a pagar 15.654 euros. En total recibiría una herencia de 410.382 euros y pagaría 31.308 euros. Veamos:

  1. Si un matrimonio de clase media en Asturias tiene de patrimonio 410.382 euros no sé por qué nos preocupamos por la crisis económica.
  2. El pago en impuestos por recibir esta herencia es del 7,62 %. Reto al que esté leyendo esto a que calcule lo que tendría que pagar por irpf si recibiese un salario anual de 410.382 euros. Bueno… no, ya se lo digo yo, cerca del 45%.

También en este artículo se usa un gráfico con el número de renuncias a herencias sin aportar ningún elemento de causalidad con el impuesto. No se diferencia entre las renuncias que se hacen en favor de terceras personas o las que se hacen porque las herencias están cargadas de más deudas que bienes.

En este artículo también se mencionan algunas de la triquiñuelas que usan los ricos para evadir el impuesto como trasladar bienes a la empresa familiar (porque tienen deducciones de hasta el 99%) o cambiando su residencia aunque sus gastos médicos se sigan realizando en Asturias. Si bien es cierto que algunos miserables cambian su domicilio para intentar evadir el impuesto, esto no es motivo para pedir su eliminación. Si en una ciudad hay personas que se saltan los semáforos ¿la solución es quitar los semáforos?

Está claro que con este artículo LNE ha hecho gala de su objetividad y buen hacer en el campo comunicativo. La clara, honesta e imparcial información que se transmite es digna, en mi modesta opinión, de merecer por lo menos un premio Pulitzer o equivalente. Que viva la buena prensa!

La Hora del Pincho.

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¿Y AHORA QUÉ? ¿PODEMOS RETOMAR EL DEBATE PENDIENTE?

La semana pasada salía la noticia de que la inflación española se disparaba hasta cotas no vistas desde 2012 debido, principalmente, a los precios de la electricidad. En seguida los principales gurús económicos ponían la voz de alarma sobre la posible subida de tipos de interés para controlarla. Podrían afectar muy negativamente la marcha de la economía española. En ese momento muchos caímos en la cuenta de que el principal problema que afecta política y económicamente a nuestro país seguía sin abordarse de forma sincera.

Desde que España está en la Zona Euro no tiene soberanía monetaria. La máquina de hacer billetes no la controlamos. Esto es relevante cuando en una unión monetaria se dan tasas de inflación no homogéneas. Cuando nuestra economía tiene tasas de inflación superiores al 3% y otras economías como la alemana tienen tasas de inflación del 1% nuestra economía pierde automáticamente un 2% de competitividad con respecto a la alemana. Cuando teníamos nuestra propia moneda, esto no suponía un gran problema porque inmediatamente actuaban los estabilizadores automáticos y nuestra moneda se devaluaba un 2% y así recuperar, vía tipo de cambio, la competitividad que perdíamos vía precios. El problema es que esto ahora no funciona así. Al perder el mecanismo de la devaluación externa no nos queda otra que recurrir a los conocidos sistemas de devaluación interna: reducción de salario directo (reforma laboral), reducción de salario indirecto (recortes en servicios públicos) y reducción de salario diferido (reformas de las pensiones).

Ya en 2010 el economista Paul Krugma publicaba un artículo alertando de esta situación y advirtiendo a los países periféricos de la Zona Euro que deberían llevar a cabo una “dolorosa devaluación interna de salarios y márgenes empresariales”. De la advertencia de Paul Krugman se ha cumplido la primera parte. Debido tal vez a su sesgo keynesiano no fue capaz a ver que la parte de los márgenes empresariales no se iba a cumplir. Le hubiese venido bien leer a Galbraith su artículo “El poder y el economista útil”.

Sea como fuere, dentro del marco del Euro, estamos destinados a estar siempre vigilantes con las tasas de inflación de nuestros socios europeos. Y aquí está otro de los problemas. La economía española como nos indica el economista Juan Laborda en este artículo tiene en su conjunto un nivel de endeudamiento superior a los inicios de la crisis, a nivel interno el sector privado ha reducido sensiblemente su nivel de deuda y el sector público la ha aumentado mucho. En esta situación, denominada recesión de balances,  los altos niveles de deuda actúan como una losa sobre los hombros de los agentes económicos, impidiéndoles expandir su actividad. Históricamente estas situaciones siempre se han resuelto, por una parte con quitas, y por otra generando inflación.

La inflación ayuda a aliviar la carga de la deuda porque reduce el valor del dinero. El lector podrá entender que una cantidad de euros en 2001 no representa el mismo valor que otra cantidad de euros en 2017. Pero esto tiene dos problemas: por un lado esto nos haría perder competitividad con el resto de países de la Zona Euro como vimos antes, y por otra parte la inflación es el enemigo número uno de la banca privada, ya que reduce el valor de sus activos. Por un lado necesitamos generar inflación para poder reducir la carga de la deuda de los agentes económicos, pero por otra parte no la podemos generar porque perjudicaría nuestra balanza comercial con el resto de países de la Zona Euro.

Esta ratonera económica que representa la Zona Euro sigue ahí aunque no queramos verla. El ciclo económico alcista que hemos vivido en los últimos tiempos debido al precio del crudo y la política expansiva del BCE no se mantendrá siempre. Y más pronto o más temprano el problema de fondo volverá a surgir.

En estos momentos, pasados ya congresos de algunos partidos políticos y con la lejanía de las próximas elecciones, se debería abrir un espacio en el que poder plantear debates acerca del marco político y económico en el que se desenvuelve el país. O eso, o verlas venir.

La Hora del pincho.

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CAPITALISMO: KARL POLANYI, EL FACTOR HUMANO EP. 6

 

CAPITALISMO: KEYNES VS HAYEK ¿UNA PELEA AMAÑADA? EP. 5

CAPITALISMO: ¿Y SI MARX TENÍA RAZÓN? EP. 4

CAPITALISMO: RICARDO Y MATHUS ¿HAN DICHO LIBERTAD? EP. 3

CAPITALISMO: LA RIQUEZA DE LAS NACIONES ¿EL NUEVO EVANGELIO? EP. 2

CAPITALISMO: ADAM SMITH ¿ORIGEN DEL LIBRE MERCADO? EP. 1

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