LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY 58/2003 DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En el siguiente artículo presentamos los diferentes plazos de prescripción contempladas en la ley 58/2003 de 17 de diciembre de 2003, General Tributaria (LGT), relacionándolos con su cómputo y las causas de interrupción.

PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

A) Prescripción del derecho de la Administración para DETERMINAR la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (art 66).

  • Comienza el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación (art 67)
  • En los tributos de cobro periódico por recibo cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día del devengo del tributo (art 67)

Las causas de interrupción de estos plazos de prescripción son (art 68):

  1. Por cualquier acción de la AT, realizada con conocimiento formal del OT, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.
  2. Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
  3. Por cualquier actuación fehaciente del OT conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

B) Prescripción del derecho de la Administración para EXIGIR el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas (art 66): comienza el día siguiente a aquel en que finalice el pago en período voluntario (art 67).

Aquí no encontramos con otros tres plazos de prescripción (art 68):

  1. Por cualquier acción de la AT, realizada con conocimiento formal de OT, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.
  2. Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del OT en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización de procedimiento administrativo en curso.
  3. Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la DT.

PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO.

A) Prescripción del derecho a SOLICITAR las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías (art 66):

  • Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitarla o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en el que la devolución pudo solicitarse. (art 67)
  • Ingresos indebidos: desde el día siguiente a aquel en el que se realizó el ingreso o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso se realizó dentro de dicho plazo. (art 67)
  • Reembolso del coste de las garantías: desde el día siguiente a aquel en el que se adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado. (art 67)
  • Regla especial para el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí. El plazo para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente se computará desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente. (art 67)

Las causas de suspensión de la prescripción en estos casos son dos (art 68):

  1. Por cualquier acción fehaciente del OT que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.
  2. Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

B) Prescripción del derecho a OBTENER las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías: Comenzará el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.

Las causas de suspensión son nuevamente 3 (art 68):

  • Por cualquier acción de la AT dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.
  • Por cualquier actuación fehaciente del OT por la que se exija el pago de la devolución o el reembolso
  • Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

La Hora del Pincho.

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ESQUEMA DERECHO TRIBUTARIO

A continuación incluímos el esquema del derecho tributario en el que se desarrollan su concepto, sus fuentes y se hace especial mención a la Ley General Tributaria.

esquema derecho tributario

esquema derecho tributario II

DESCARGA: DERECHO TRIBUTARIO ESQUEMA

DESCARGA: DERECHO TRIBUTARIO ESQUEMA II

La Hora del Pincho.

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REFEXIONES SOBRE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) conocido popularmente como la plusvalía municipal, es un impuesto directo, personal, subjetivo, instantáneo y municipal que grava los incrementos de valor que sufre un terreno de naturaleza urbana en el momento de la transmisión de éste. Está regulado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Recientemente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este impuesto en una sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016. Según esta sentencia no se podrá someter a tributación aquellas transmisiones que se realicen por un precio inferior al precio de adquisición (aquellas que se hagan a pérdida vamos).

Es curioso como éste impuesto que existe hace muchos años en nuestro ordenamiento jurídico era muy poco cuestionado durante los años de la burbuja inmobiliaria y ahora se ha convertido, junto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en un impuesto con una fuerte contestación social.

El IIVTNU para calcular la base imponible no tiene en cuenta la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, sino que lo que hace es aplicar un % al valor catastral del terreno y sobre ese valor se aplica la tarifa del impuesto. Durante la época de la burbuja inmobiliaria era frecuente que las propiedades se vendiesen a un precio superior al precio de compra obteniendo así una plusvalía de mercado más elevada que la plusvalía teórica que calculaba el impuesto. Por supuesto en esos casos ningún contribuyente en su sano juicio iba al ayuntamiento de turno a pedir que le aplicasen la tarifa del impuesto sobre la plusvalía de mercado en lugar de sobre la plusvalía teórica que calculaba el impuesto. El lado estrecho del embudo era para la administración y el ancho para el contribuyente.

Pinchada la burbuja inmobiliaria resulta que muchas propiedades adquiridas en su momento ahora deben ser vendidas a precio post-burbuja (precio inferior al precio de adquisición). Con la consiguiente pérdida. Como el sistema de cálculo del impuesto es objetivo y no tiene en cuenta las condiciones de mercado, en situaciones de pérdida sigue saliendo una cuota a ingresar positiva, y eso ha muchos contribuyentes no les hace ni puta gracia. Razón por la cual llegó este impuesto hasta el Tribunal Consitucional, que sentenció lo que antes comentaba. Si hay pérdida no se debe tributar. El lado estrecho del embudo se vuelve a colocar del lado de la administración y el ancho del lado del contribuyente.

Desde mi modesta posición como opositor al cuerpo técnico de hacienda me pregunté cual era la razón de ser de este impuesto. Cuando una persona adquiere una propiedad inmobiliaria, el valor del terrero (y en consecuencia de la construcción que se asienta sobre ella) puede incrementarse aunque el propietario no realice ninguna actividad generadora de valor sobre ella. Esto es debido a que yo me puedo comprar un piso en una urbanización en las afueras de la ciudad, donde apenas existan servicios municipales. A medida que pase el tiempo la comunidad puede realizar tareas urbanizadoras en sus inmediaciones: recogida de basuras, mantenimiento de parques y jardines, asfaltado, regulación viaria, policía, serenos, centros municipales, instalaciones deportivas municipales, colegios, jardín de infancia… Incluso la actividad privada: la farmacia, el supermercado, el kiosko de prensa, la cafetería… Toda esta actividad social entorno a mi terreno va a incrementar su valor aunque yo no realice actividad alguna sobre él. Por esta razón, en el momento de vender la propiedad se supone que parte de la plusvalía generada corresponde a una actividad social y por ello debo contribuir con parte de esa plusvalía a las arcas públicas.

Explicado de forma corta, la actividad social (pública o privada) entorno a un terreno siempre va a incrementar su valor.

Entonces ¿cómo es posible que terrenos sobre los que se ha realizado tareas sociales urbanizadoras se vendan a pérdida?

Aquí tengo que recordar las palabras de Antonio Machado: “Todo necio confunde valor y precio”.

En la ciencia económica hay dos teorías en torno al valor de las mercancías:

  • Una teoría del valor OBJETIVO: considera que el valor de las mercancías (el terreno en este caso) depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. El valor de la mercancía estaría compuesto por el valor de todas las horas de trabajo social que se aplican de forma directa o indirecta sobre la mercancía. Magnitud de difícil cuantificación. Según esta teoría el valor y el precio son magnitudes distintas que pueden o no coincidir.
  • Una teoría del valor SUBJETIVO: considera que el valor de las mercancías depende de la valoración subjetiva que hacen los individuos sobre ella. Esta teoría se sustenta en economía en las curvas de isoutilidad de la Teoría del Consumidor. Según esta teoría el valor y el pecio coinciden, lo que hace que la magnitud se de fácil e inmediata cuantificación.

El que un terreno a pesar de haber sufrido una tarea urbanizadora en sus inmediaciones, que incremente su valor, sea vendido a un precio inferior al precio de compra se debe al ineficiente funcionamiento del mercado. El valor puede haberse incrementado pero el precio haber caído. Esto es debido al efecto de la burbuja inmobiliaria que primero hizo que el precio de ese terreno fuese muy superior a su valor y posteriormente inferior a éste. Esto es fácil de entender en nuestra vida diaria cuando vamos a comprar un artículo de consumo, vemos el precio y decimos: “no lo vale”. En ese momento estamos apreciando que hay un desajuste entre el valor y el precio. Con el tema del mercado inmobiliario sucede igual.

El IIVTNU al utilizar un sistema objetivo en el cálculo de la base imponible está dejando a un lado las posibles ineficiencias del mercado en la asignación de los precios.

El problema de mantener este sistema de valoración objetivo viene de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: “para que un tributo quede amparado por el artículo 31.1 es suficiente la posibilidad racional de que la riqueza se aprecie en cada sujeto llamado a satisfacerlo, aunque sea como una renta virtual. En definitiva lo decisivo es que se grave una fuente de riqueza generadora de renta real o potencial. El principio de capacidad económica quebraría en aquellos supuestos en que la capacidad económica gravada por el tributo sea ya no potencial sino inexistente o ficticia”.

En mi modesta opinión el Tribunal Constitucional al interpretar el principio tributario de capacidad económica lo hace desde la perspectiva de la teoría del valor subjetivo. Con lo que considera que la valoración objetiva que hace el IIVTNU es una capacidad económica ficticia, en consecuencia no puede tener cabida dentro de la constitución.

La sentencia del Tribunal Constitucional falla que: “los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

Debido al fallo del Tribunal constitucional nos encontramos con que en el caso de vender un inmueble por encima del valor de adquisición estaríamos aplicando un sistema de valoración objetiva y en caso de venderlo por debajo de su precio de adquisición el sistema de valoración sería subjetiva. Opino que los criterios de valoración deberían ser los mismos para ambos casos y como el sistema de valoración objetiva es inconstitucional en los casos de “venta a pérdida” el criterio subjetivo (precios de mercado) debería ser el general. A pesar de los enormes incentivos que crea para realizar transmisiones con “dinero B”.

La Hora del Pincho.

 

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EL ACTO ADMINISTRATIVO EN LA LEY 39/2015

A continuación incluimos esquema del acto administrativo según viene reflejado en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

acto administrativo

DESCARGA: acto administrativo

La Hora del Pincho.

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¿HEMOS SALIDO DE LA CRISIS?

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Dediqué el artículo de la semana pasada a hacerme eco de un mensaje lanzado desde los ángulos más diversos y recogido en la totalidad de los medios, el recuerdo del comienzo de la crisis, allá por agosto de 2007, hace exactamente una década. Pretendí mostrar cómo todos estos discursos transmitían una opinión parcial e incompleta acerca de la gran recesión ignorando su causa última; y al final de mi argumentación dejaba para otro artículo ocuparme de la segunda parte del mensaje, consistente en la tajante aseveración de que la crisis ha llegado a su final en España y en toda Europa. Así lo manifestaba la propia Comisión en una rueda de prensa, en la que tanto el vicepresidente, Valdis Dombrovskis, responsable del euro y del diálogo social, como el comisario Pierre Moscovici, responsable de asuntos económicos y financieros, aseguraban que diez años después del comienzo de la crisis mundial la recuperación de la economía europea se ha consolidado plenamente.

Esta aseveración puede ser cierta en un sentido más bien reduccionista y simple, entendiendo que la crisis se ha superado por el simple hecho de que las tasas de crecimiento en todos los países se sitúen en cifras positivas. De acuerdo con esta interpretación, los datos no dejan lugar a dudas. La semana pasada Eurostat publicó las cifras macroeconómicas correspondientes al segundo trimestre para toda la Unión Europa (UE), según las cuales la Eurozona en su conjunto está creciendo al 2,2% en tasas interanuales. Hasta Francia e Italia, que últimamente se encontraban en una situación más delicada, se apuntan también al crecimiento. Solo Grecia permanece en tasas negativas. Por el contrario, España, con el 3,1%, se sitúa muy por encima de casi todos los países, exceptuando a Polonia, República Checa, Rumanía o Letonia, con tasas por encima del 4%, y que son las que empujan hacia arriba la media.

Pero no todo es el PIB, sobre todo si se le considera puntualmente en un periodo concreto. Malamente se puede afirmar que se ha superado la crisis cuando no se han corregido aquellas variables y hechos que la originaron, comenzando por lo que constituye el cáncer de la Unión Monetaria (UM): la fuerza centrifuga que incrementa poco a poco la divergencia entre sus miembros. Alemania y algunas otras naciones económicamente satélites, sí pueden afirmar que están bastante mejor que cuando se inició la crisis, pero no los países del Sur como Portugal, España, Italia, no digamos Grecia, e incluso Francia.

La aseveración anterior se confirma de manera clara si comparamos el lugar que la renta per cápita de los distintos países ocupaba y ocupa respecto a la media de la de Europa de los 15, en 2007 y en 2016. Alemania pasa de representar el 104,7% al 113,9%; mientras que Italia desciende del 95,6% al 88,7%, España del 92,2% al 84,4% y Grecia se desploma del 82,9% al 62,2%. Estos datos tienen su lógica traducción en las tasas de paro. Alemania desciende del 8,6 al 4,1%, mientras que el desempleo se incrementa en España desde el 8,2% de la población activa al 19,6; en Italia del 6,1% al 11,7 y en Grecia del 8,4 al 23.6%.

En esta década ominosa, no solo es la desigualdad entre los países la que se ha incrementado, sino también las diferencias dentro de los propios Estados. Por ejemplo en España, los salarios -tanto los privados como los públicos- han perdido poder adquisitivo y están muy lejos de encontrarse a los niveles del comienzo de la crisis, de manera que si entonces la pobreza se centraba exclusivamente en los parados o pensionistas, hoy afecta también a muchos de los que disponen de un trabajo. Ha sido el propio presidente del Banco Central Europeo (BCE) el que hace poco manifestó que la recuperación no había llegado a los sueldos. Tampoco las prestaciones y los servicios públicos han retornado a los niveles de hace diez años. No se han corregido muchos de los ajustes aplicados que, lógicamente, han afectado en mayor medida a las rentas bajas.

No se puede afirmar que se ha superado la crisis cuando se mantienen los mismos desequilibrios y contradicciones que la han causado. Es más, algunos factores como el endeudamiento han empeorado. El hecho de que casi todos los países miembros poco a poco se hayan ido situando en tasas de crecimiento positivas se debe, por una parte, a un factor extrínseco a la Unión Monetaria, el descenso del precio del petróleo, y, por otra, a la actuación -aunque tardía- del BCE y a la política por él aplicada de bajos tipos de interés y expansión cuantitativa, política que no puede durar indefinidamente. La pregunta que, quiérase o no, surge es qué puede ocurrir cuando el BCE vaya retirando poco a poco las ayudas instrumentadas.

Hay, además, una razón adicional y de gran importancia para que países como Portugal y España hayan abandonado el espacio de tasas negativas del PIB y es que han corregido el desequilibrio fundamental que los tenía postrados y encerrados en una especie de ratonera, el saldo del sector exterior. En España en 2008 el déficit de la balanza por cuenta corriente se elevaba al 9,6% del PIB, cifra inquietante que, con el consecuente endeudamiento exterior, nos había precipitado a la recesión y nos mantenía atados a ella. La “conditio sine qua non” para el despegue económico consistía en cerrar este desfase entre importaciones y exportaciones. En condiciones normales, la solución pasaba por la depreciación de la moneda, como así de hecho había ocurrido en las otras muchas ocasiones que a lo largo del tiempo el déficit exterior (mucho más reducido que el de 2008) había estrangulado la economía española. Este camino en las circunstancias actuales estaba vedado al pertenecer España a la UM. Las autoridades económicas nacionales e internacionales señalaban una única salida, lo que se ha dado en llamar devaluación interna.

La devaluación interna persigue alcanzar los mismos efectos que la depreciación del tipo de cambio con la diferencia de que lo hace por un camino indirecto mucho más alambicado e injusto. Consiste en conceder todo tipo de ventajas a los empresarios con la finalidad de conseguir que los precios internos se reduzcan con respecto a los precios exteriores. Para ello persigue, por una parte, deprimir los salarios y, por otra, minorar la cargas sociales y fiscales a las empresas. Este fue uno de los motivos por los que algunos estuvimos en contra de la UM desde sus inicios. Preveíamos que en cuanto comenzasen las dificultades, que sin duda iban a surgir, el ajuste recaería sobre los trabajadores, y que la imposibilidad de devaluar la divisa, unida a la libre circulación de capitales, constituiría un arma letal en contra del Estado social y de los derechos laborales.

Tengo que reconocer que cuando Europa y el Gobierno la plantearon, al margen de su valoración social y ética, albergaba muchas dudas de que la devaluación interior consiguiese su objetivo, al menos en la cuantía necesaria. Dado que nos movemos en una economía de mercado -en la que, por supuesto, los precios no pueden ser intervenidos ni limitados los beneficios de los empresarios-, temía que la disminución de los salarios se tradujese en un incremento del excedente empresarial en lugar de trasladarse a los precios. Desde luego, este efecto se ha producido en la realidad, pero el ajuste ha sido tan brutal, y la reducción de la retribución de los trabajadores tan cuantiosa que, a pesar de la modificación de la redistribución de la renta en contra de los trabajadores y a favor de los empresarios, los precios interiores han descendido en la cuantía suficiente para equilibrar el saldo del sector exterior.

Resulta casi increíble que la economía española haya pasado de un déficit en la balanza por cuenta corriente del 9,6 en 2008 a un superávit del 1,9% en 2016. Bien es verdad que en este ajuste han colaborado el descenso del precio del petróleo y los bajos tipos de interés, que han reducido la carga financiera frente al exterior, pero resulta innegable que la devaluación interna y los recortes presupuestarios han ocupado un lugar transcendental en el cierre de la brecha que existía en la balanza de pagos y con ello en la superación de las tasas negativas del PIB y en la creación de empleo. Lo evidente conviene no negarlo.

Esta evidencia deberían tenerla en cuenta tanto el Gobierno como sus críticos. El primero para relativizar los éxitos económicos de los que se ufana, pues este crecimiento económico se esta logrando a base de someter a la sociedad a una cura de caballo, con recortes significativos en el gasto público y una depresión muy elevada en el nivel salarial. Se está pagando un precio muy alto, principalmente por parte de las clases bajas, quebranto que están aún muy lejos de superar; es más, la probabilidad de poder resarcirse en el futuro es muy escasa, ya que precisamente la recuperación económica, ante la imposibilidad de devaluar la moneda, está basada en una política deflacionista. ¿Merece la pena? ¿Podemos afirmar que se ha superado la crisis? Los críticos del Gobierno, pero defensores de la UM, tendrán que tener sumo cuidado en no incurrir en contradicción. Cuando se quejan de que la recuperación económica no ha llegado a todo el mundo deberían preguntarse si bajo las coordenadas en las que se ha construido la moneda única, el crecimiento económico no se fundamenta obligatoriamente en la desigualdad, tanto interterritorial como personal.

La devaluación monetaria distribuye el coste de forma igualitaria, modifica únicamente la relación de precios interiores frente a los exteriores, pero deja intactos los precios relativos (incluyendo los salarios) en el interior. Todos se empobrecen en la misma medida frente al exterior, pero no experimentan ningún cambio relativo en su capacidad económica respecto a los otros agentes internos. La deflación competitiva, por el contrario, resulta totalmente injusta, ya que distribuye el coste de una manera desigual y caótica: afectará exclusivamente a los salarios y a aquellos empresarios, principalmente los pequeños y que carezcan de defensa, mientras que las grandes empresas que actúan en sectores donde la competencia no existe, no solo no asumirán coste alguno sino que incluso verán incrementar sus beneficios. Tampoco todos los salarios se comportarán de la misma manera ni se reducirán en la misma cuantía.

Las dudas acerca de que sea cierta la afirmación de que hemos salido de la crisis surgen además en las incertidumbres y desequilibrios que subsisten para el futuro. Si la casi totalidad de los países del Sur han corregido su déficit exterior, no así Alemania que lejos de reducir su superávit lo ha incrementado (8,5% en 2016), ni Holanda que aunque lo ha minorado algo, continúa manteniéndolo a un nivel muy elevado (7,9% en 2016). Es decir, el ajuste ha recaído exclusivamente sobre los países deudores sin que los acreedores hayan hecho el mínimo esfuerzo para corregir el desequilibrio en el sector exterior, y todo indica que Alemania -que es la protagonista principal- no piensa dar marcha atrás en esta política de cara al futuro, lo que siembra toda clase de nubarrones sobre la Eurozona.

En estos mismos días, el presidente del BCE manifestaba su preocupación por que la cotización del euro era excesivamente alta y, además, mostraba una elevada resistencia al descenso. ¿Podría ser de otra forma cuando la primera economía de la Eurozona presenta un superávit de su balanza de pagos por cuenta corriente cercano al 9%? El problema del BCE es que tendría que instrumentar dos políticas monetarias, una para el Norte y otra para el Sur, lo que es radicalmente imposible.

De momento, la economía española ha abandonado el espacio de la recesión y se ha adentrado en tasas positivas del PIB. ¿Pero a qué coste y con qué secuelas? ¿Qué ocurrirá cuando el precio del petróleo se eleve o el BCE cambie de política monetaria y suban los tipos de interés?, ¿qué sucederá si vuelven a presentarse choques asimétricos?, ¿y qué acontecerá si la balanza de pagos comienza a resentirse y retorna de nuevo a cifras negativas? En la actualidad, nuestra capacidad para incrementar el endeudamiento exterior es nula. ¿Deberemos mantener, en consecuencia, una política deflacionista permanentemente? No, la crisis, la verdadera crisis, la que se deriva de la pertenencia a la Unión Monetaria, no se ha superado ni se superará mientras se permanezca en ella.

Republica.com

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ESQUEMA DE LAS FUENTES DEL DERECHO.

A continuación incluimos en el blog el esquema de las fuentes del derecho.

fuentes del derecho

DESCARGA: fuentes del derecho

Para dudas y aclaraciones podéis usar los comentarios.

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ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

En el siguiente cuadro esquematizamos el desarrollo del procedimiento administrativo común.

procedimiento administrativo

 

PODÉIS DESCARGARLO EN ÉSTE ENLACE: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Como en el caso del esquema de los RECURSOS ADMINISTRATIVOS, si tenéis dudas podéis usar los comentarios.

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