LOS LIBERALES (#LET) SE LÍAN CON EL MUNICIPALISMO.

Desde las últimas elecciones municipales una nueva gestión municipal ha llegado a nuestro País. Los conocidos como “Ayuntamientos del Cambio”. Procedente de la coalición de varias fuerzas políticas de talante progresista y reformista ha tomado las riendas de los principales ayuntamientos del país. Caracterizados por la ruptura con las prácticas clientelares, privatizadoras y caciquiles que se venían realizando hasta entonces, han sido objeto de muchas alabanzas, pero también de injustificadas y pueriles críticas.

Entre las principales corporaciones del cambio están: Madrid, Barcelona, Cádiz, Oviedo, Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Zaragoza… todas con diferentes composiciones de gobierno, unos en mayoría, otros en minoría, pero todos con algo en común: la reducción de la deuda, las remunicipalizaciones y la gestión orientada al bienestar de la ciudadanía. Estos ayuntamientos se han convertido en el frente de batalla contra la políticas austericidas de la Troika y el Gobierno Central del PP.

Entre los principales logros de estos ayuntamientos nos encontramos con la reducción de la deuda municipal, la remunicipalización de servicios públicos básicos, con la consiguiente mejora de calidad del servicio y ahorro para las arcas municipales y la extensión de la protección social a la ciudadanía.

Pero como era de esperar no iba a ser todo un camino de rosas. Desde la administración central se desarrollaron leyes que buscan la limitación del desarrollo del municipalismo. Estamos hablando de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEP) y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida (im)popularmente como “Ley Montoro”.

¿Por qué estas dos leyes suponen un ataque frontal a la autonomía municipal? Vayamos por partes como decía Jack el Destripador.

En la LEP aparece el llamado techo de gastos de la corporaciones locales, que no deja de ser una igualdad contable entre los ingresos que se prevén y los gastos que se presupuestan. El problema es que en un ciclo alcista (como en el que estamos ahora aunque el ciudadano de a pie no lo note) los ingresos pueden aumentar en una cuantía y los gastos solo pueden subir en la cuantía que indique la regla de gasto (que explicamos a continuación).

La LEP establece, además de un techo de gasto, una regla de gasto a las administraciones. La polémica regla de gasto dice que el gasto público de las administraciones locales solo podrá subir un % fijado por el Ministerio de Economía y Competitividad, independientemente del incremento de ingresos que pueda haber. Este porcentaje es una estimación del crecimiento económico general a medio plazo. No tiene en cuenta otros parámetros como la inflación o el crecimiento de la población. Esto puede llevar a que algunos municipios no puedan ajustar el gasto público a las necesidades reales de su municipio. Además, el superávit presupuestario que en su caso se produzca, deberá destinarse a la devolución de deuda a los bancos, a pesar de que la corporación todavía tenga margen de apalancamiento financiero o se queden servicios públicos sin prestar. Esta regla de forma aislada no supone otra cosa que una ayuda al sector financiero a costa de los servicios públicos municipales.

La también polémica “Ley Montoro” nos dice en su preámbulo que uno de sus objetivos es favorecer la iniciativa económica privada” y para ello pretende trasladar competencias de las corporaciones locales (cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos) a las CCAA o Diputaciones Provinciales (cuyos miembros no son elegidos por los ciudadanos). Con esto se pretende trasladar la gestión de los servicios públicos municipales de los ayuntamiento pequeños y medianos a las CCAA o DDPP. Ahora tenemos que pensar en un concepto económico llamado economías de escala. Puede que a las empresas concesionarias de servicios públicos no les salga rentable la concesión de un determinado servicio público en un pequeño municipio de 8.000 habitantes por el tamaño de la inversión y sus altos costes fijos. Pero si trasladamos las competencias de un mismo servicio público de varios municipios de 8.000 habitantes a la Diputación Provincial y posteriormente ésta concede su servicio a la empresa concesionaria, igual, al subir la escala de actividad, a la empresa concesionaria ya le salen unos buenos números. Además, al concentrar el poder de decisión en un solo órgano (Diputación Provincial) sin elección directa por los ciudadanos, estamos favoreciendo la actuación de los lobbies y de las puertas giratorias.

Con la primera ley se pretende limitar la prestación de servicios públicos de las corporaciones locales y con la segunda se allana el camino para que la iniciativa privada pase a ocupar esos servicios públicos.

Y con esto quiero lanzar la primera crítica al pensamiento liberal. Queridos amigos liberales, no hay más que ver los desarrollos legislativos de cualquier país desarrollado para caer en la cuenta que el estado siempre (repito: siempre) interviene en la economía. Lo que hay que preguntarse es: ¿a favor de quién interviene?

Muchos liberales justifican estas medidas porque, según ellos, la iniciativa privada gestiona mejor y a menor coste. Por ello se puede pasar por alto a intervención del estado si con ello favorecemos la entrada de la iniciativa privada. Este argumento no se puede sostener con los datos delante. El estudio más completo sobre el coste de los servicios públicos municipales lo realizó el Tribunal de Cuentas en el año 2.011 y sus conclusiones son demoledoras. De los 5 servicios analizados  (agua, alumbrado público, limpieza viaria,  recogida de residuos y cementerio) la gestión privada solo fue superior en uno (alumbrado público). Bastante lógico si entendemos que al concederse en régimen de monopolio la empresa siempre va a incorporar un margen de beneficio sobre el coste de prestación, cosa que la administración pública no hace.

Ante esta situación la salida esperada (y desesperada) por la argumentación liberal es el patadón hacia adelante. “Es que no hay competencia” argumentan. Según ellos no es suficiente con que los ayuntamientos se retiren de la prestación de los servicios, se necesita que exista libre concurrencia empresarial. Esto es como que el servicio público de transporte lo realicen multitud de empresas de forma libre. Cada empresa establecería sus líneas, sus paradas, sus precios… y el ayuntamiento se limitaría a regular el auténtico caos circulatorio que se produciría en la ciudades. Todo muy razonable y muy liberal.

De hecho es muy curioso que en el trabajo más completo realizado en España sobre el proceso privatizador entre los años 1985-2000 realizado por la Universidad de Oviedo, se reconozca “la no existencia de diferencias significativas en la rentabilidad, eficiencia, ventas, nivel de inversión, de empleo y estructura financiera de las empresas tras su privatización”. Más curioso resulta leer que entre las conclusiones de este trabajo está la recomendación de incrementar liberalización económica en los sectores en los que operan esas empresas. Tal parece que los términos monopolio natural y oligopolio, colusión, barreras de entrada… son totalmente ajenos a la sensibilidad liberal.

Pero de todos los argumentos liberales sobre municipalismo y privatizaciones el que se lleva la palma es el que dice que un ayuntamiento se debe gestionar como una comunidad de vecinos. Este es alucinante. Argumentan que un ayuntamiento se debe administrar por gestores profesionales que se limiten a regular semáforos, cambiar señales, reparar pavimento… al igual que una comunidad de vecinos se limita a cambiar bombillas de la escalera o limpiar el portal. Es asombroso que recurran a esta metáforma  para hablar de un ayuntamiento cuando no hay nada menos liberal que una comunidad de vecinos. Me explico. Si una comunidad de vecinos funcionase de acuerdo a los principios liberales, cuando se estropease el ascensor sólo pagarían la derrama aquellos pisos más altos (el que vive en el bajo o en el primero no tendría necesidad de aportar) o cuando hubiese una gotera en el tejado la reparación la asumiría el vecino del último piso, ya que para el que vive en el penúltimo piso su “tejado” es el suelo del último piso. Vamos, que han escojido una metáfora cojonuda. Los liberales defendiendo un funcionamiento comunal de los ayuntamientos, lo nunca visto.

Si es que al final lo que pretende la ofensiva liberal contra el municipalismo es que los ayuntamientos no se metan en política. Cosa en la que también erran. La capacidad de actuación política de los ayuntamientos es bien limitada si repasamos sus presupuestos. En éstos podemos ver que del total del presupuestos un 25% aprox. se suele ir en sueldos del personal, un 30% en gastos corrientes de funcionamiento (energía, consumibles…), un 35% aprox. en transferencias corrientes (empresas municipales, organismos dependientes…), con lo que a los ayuntamientos les suele quedar un 10% de su presupuesto total para la realización de las políticas que estimen oportunas para mejorar el municipio.

Los llamados “ayuntamiento del cambio” se han convertido en la primera línea de defensa institucional contra la Troika y el neoliberalismo agonizante y su difícil pero efectiva gestión se ha ganado el respaldo de los vecinos. De ahí el furibundo y torpe ataque que están sufriendo por parte de los voceros del neoliberalismo. Así de claro.

La Hora del Pincho

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