LA SUSPENSIÓN EN LA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Aquellos que estamos opositando a la función pública sabemos que esta ley es básica y aparece en la totalidad de temarios para los puestos de auxiliar, administrativo o gestor. Junto con su “hermana”, la ley de Régimen Jurídico del Sector Público forman el tronco del derecho administrativo de las AA.PP.

Cuando hablamos de suspensión en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), lo primero que tenemos que hacer es distinguir si estamos hablando de la suspensión del plazo para resolver (artículo 22) o de la suspensión de la ejecución (artículo 108 si es por revisión de oficio y artículo 117 si es por recurso).

Si hablamos de la suspensión del plazo máximo para resolver tenemos que tener claro lo siguiente:

1) El plazo máximo para resolver un procedimiento viene establecido en el artículo 21.2 y 3 de la ley: “El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”.

“Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la UE”.

“Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”.

2) El plazo para resolver y notificar se puede ampliar según el artículo 23. Ojo, no confundir con la ampliación de plazos para trámites del artículo 32.

3) El plazo para máximo para resolver se podrá suspender o se suspenderá dependiendo de las circunstancias del caso concreto de acuerdo a los casos que aparecen en el artículo 21 de la LPAC.

El plazo máximo para resolver se podrá suspender:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la LPAC (subsanación y mejora).

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la UE, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la UE que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, o que también habrá de ser notificado.

d) Cuando se soliciten informes preceptivos (artículo 80) a un órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados,  y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente (artículos 77 y 78).

f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde su declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.

g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

El plazo máximo para resolver se suspenderá:

a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso se resuelva el recursos interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.

c) Cuando los interesados promuevan la recusación (artículo 74) en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.

Artículos relacionados con la suspensión:

Artículo 35, Motivación:  Serán motivados: “Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56”.

Artículo 74, Cuestiones Incidentales: “…no suspenderán las tramitación del mismo salvo la recusación”.

Artículo 81, Solicitud de Informes y Dictámenes en los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial. En el punto 3: “En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

Ahora veamos el otro tipo de suspensión recogida en la LPAC, la suspensión de la ejecución.

Según el artículo 98. Ejecutoriedad: “Los actos de la AAPP sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que […] se produzca la suspensión de la ejecución del acto”

Si la suspensión de la ejecución de declara por el procedimiento de revisión de oficio:

Artículo 108. Suspensión: “Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Si la suspensión de la ejecución se declara por recurso:

Artículo 117. Suspensión de la ejecución:

1)”La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.”

2)”No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.

3)”La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido 1 mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley (silencio estimatorio).

4)”Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado (artículo 56).

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud”.

5)”Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de una acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó”.

Además de esto, también debemos tener en cuenta una especialidad en la resolución de los procedimientos sancionadores:

Artículo 90. Especialidades de la Resolución en los Procedimientos Sancionadores:

3)”La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

1º. No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.

2º. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

4) […]

Por último un rápido apunte. Hemos visto que se puede suspender el plazo para resolver y notificar y la ejecución del acto. En la ley aparece otro tipo de suspensión, la suspensión temporal de actividades. Aparece recogida en el artículo 56. Medidas provisionales. No la confundáis con los tipos de suspensión.

La Hora del Pincho.

Advertisements
This entry was posted in Derecho Administrativo and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s