LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Cuando hablamos de caducidad estamos haciendo referencia al espacio temporal máximo que puede durar un procedimiento; esto es: el plazo máximo que puede abarcar el procedimiento desde su inicio hasta su fin. Si tal espacio temporal se sobrepasa o se excede sin justificación, indefectiblemente debe ponerse fin al procedimiento (artículo 84 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPAC en adelante) en el estado en que se encuentre, declarándose caducado y debiéndose comenzar de nuevo desde la casilla de salida; claro está, siempre que para entonces la acción no hubiera prescrito. La caducidad no producirá la prescripción, pero un procedimiento caducado no interrumpirá el plazo de prescripción.

La caducidad en la LAPC viene recogido en su artículo 95. En él se nos indica que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca la paralización del procedimiento imputable al mismo, se producirá a caducidad del procedimiento en el plazo de 3 meses si el interesado no realiza las actividades necesarias para reanudar la tramitación. Si se da el caso de que en los citados 3 meses el interesado no realizase las actividades para reanudar la tramitación la LPAC contempla las siguientes acciones:

  1. Declaración de caducidad y archivo de las actuaciones.
  2. Comunicación al interesado.
  3. Posibilidad de que el interesado interponga los recursos pertinentes.

Ojo! no se podrá declarar la caducidad por inactividad en trámites (siempre que no sean indispensables para resolver). Esto solo provocará la pérdida del derecho a realizar dichos trámites.

Aun cuando se de la condición de caducidad, la administración podrá no declararla cuando se den las siguientes circunstancias:

  1. La cuestión suscitada afecte al interés general
  2. Fuera conveniente sustanciar la cuestión para su definición o esclarecimiento.

Fuera del artículo 95 de la LPAC se contemplan otros casos de caducidad provocados por la administración.

En el artículo 25.1.b se nos indica que en los casos de procedimientos sancionadores o que produzcan efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, y la administración no emita resolución expresa en plazo, se producirá la caducidad de procedimiento (pudiendo de nuevo la administración incoar un nuevo procedimiento siempre y cuando no hay prescrito la infracción o la acción susceptible de gravamen).

También nos encontramos con caducidad producida por la administración en los artículos 106 (revisión de disposiciones y actos nulos) y 107 (declaración de lesividad de actos anulables). En ambos se producirá la caducidad a los 6 meses si no se dicta resolución o si no se declara lesividad.

REFERENCIAS:

Ley 35/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

http://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-prescripcion-y-la-caducidad-en-derecho-administrativo/

La Hora del Pincho

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