LOS RECURSOS EN LA LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

A continuación incluimos en el blog un esquema sobre los recursos administrativos de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esperamos que os resulte de utilidad.

recursos administrativos

Descarga en éste enlace: LOS RECURSOS EN LA LEY 39

Como usamos muchas abreviaturas, a continuación indicamos la leyenda:

  • SJF: situaciones jurídicas favorables
  • PS: procedimiento sancionador
  • NRL: norma con rango de ley
  • 29 CE: artículo 29 de la Constitución Española
  • NUE: norma de la Unión Europea
  • ACC ACT: acceso a actividades
  • RP: procedimiento de responsabilidad patrimonial
  • IMPUG: impugnación de actos y trámites
  • FRDP: facultades relativas al dominio público
  • M. AMB: actividades que afecten al medio ambiente
  • OD: órgano que dicta
  • SJ: superior jerárquico

Para cualquier aclaración no dudéis en hacer uso de los comentarios del post.

La Hora del Pincho.

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LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Cuando hablamos de caducidad estamos haciendo referencia al espacio temporal máximo que puede durar un procedimiento; esto es: el plazo máximo que puede abarcar el procedimiento desde su inicio hasta su fin. Si tal espacio temporal se sobrepasa o se excede sin justificación, indefectiblemente debe ponerse fin al procedimiento (artículo 84 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPAC en adelante) en el estado en que se encuentre, declarándose caducado y debiéndose comenzar de nuevo desde la casilla de salida; claro está, siempre que para entonces la acción no hubiera prescrito. La caducidad no producirá la prescripción, pero un procedimiento caducado no interrumpirá el plazo de prescripción.

La caducidad en la LAPC viene recogido en su artículo 95. En él se nos indica que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca la paralización del procedimiento imputable al mismo, se producirá a caducidad del procedimiento en el plazo de 3 meses si el interesado no realiza las actividades necesarias para reanudar la tramitación. Si se da el caso de que en los citados 3 meses el interesado no realizase las actividades para reanudar la tramitación la LPAC contempla las siguientes acciones:

  1. Declaración de caducidad y archivo de las actuaciones.
  2. Comunicación al interesado.
  3. Posibilidad de que el interesado interponga los recursos pertinentes.

Ojo! no se podrá declarar la caducidad por inactividad en trámites (siempre que no sean indispensables para resolver). Esto solo provocará la pérdida del derecho a realizar dichos trámites.

Aun cuando se de la condición de caducidad, la administración podrá no declararla cuando se den las siguientes circunstancias:

  1. La cuestión suscitada afecte al interés general
  2. Fuera conveniente sustanciar la cuestión para su definición o esclarecimiento.

Fuera del artículo 95 de la LPAC se contemplan otros casos de caducidad provocados por la administración.

En el artículo 25.1.b se nos indica que en los casos de procedimientos sancionadores o que produzcan efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, y la administración no emita resolución expresa en plazo, se producirá la caducidad de procedimiento (pudiendo de nuevo la administración incoar un nuevo procedimiento siempre y cuando no hay prescrito la infracción o la acción susceptible de gravamen).

También nos encontramos con caducidad producida por la administración en los artículos 106 (revisión de disposiciones y actos nulos) y 107 (declaración de lesividad de actos anulables). En ambos se producirá la caducidad a los 6 meses si no se dicta resolución o si no se declara lesividad.

REFERENCIAS:

Ley 35/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

http://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-prescripcion-y-la-caducidad-en-derecho-administrativo/

La Hora del Pincho

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UNA DÉCADA PERDIDA, POR AHORA.

A continuación fusilamos el siguiente artículo publicado en la web de ATTAC España por su interés analítico y divulgativo.

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Este mes de agosto, desde los más diversos ámbitos, tanto nacionales como internacionales, se han apresurado a recordarnos que hace diez años en otro agosto, el de 2007, se iniciaba la mayor crisis económica acaecida desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que se la da por superada y finalizada. La misma Comisión de la Unión Europea se ha sumado a esta corriente con un comunicado de prensa encabezado con una frase inolvidable: “Diez años después del comienzo de la crisis vuelve la recuperación gracias a la intervención decisiva de la UE”. Afirmación que puede quedar para la historia.

Al margen de que resulte difícil fechar de manera exacta el inicio de la crisis, todos los comentaristas suelen situar su causa en las ya famosas hipotecas subprime. Los bancos, principalmente los de EE.UU., cegados por el objetivo de una ganancia fácil, se habrían dedicado de una manera irresponsable a conceder créditos a diestro y siniestro, en primer lugar para la compra de vivienda; pero también para todo tipo de consumo, generando un monto importante de hipotecas basura, que convenientemente empaquetadas y titulizadas fueron vendidos al sistema bancario internacional, contaminando así a una buena parte de la economía mundial, especialmente la europea. Cuando cundió la desconfianza, llegó el sálvese quien pueda, y la crisis. Hasta aquí la versión oficial que se repite con aplomo y complacencia. Todo lo más se le añade la coletilla de la responsabilidad que en la génesis de este fenómeno le cabe a la excesiva liberalización que se venía produciendo en el sistema financiero.

No es que esta versión sea del todo errónea, pero sí resulta parcial e incompleta. En todo caso, todos estos hechos son la consecuencia -si se quiere, el detonante- de un fenómeno más profundo, unos enormes desajustes en la economía mundial, causados por el neoliberalismo económico. La libre circulación de capitales, unida a la asunción de la teoría del libre cambio, originó enormes desequilibrios en los saldos de las balanzas de pagos de los países, importantes déficits en unos y superávits en otros. Tales desajustes solo eran posibles porque la libertad en los flujos de capitales permitía financiarlos, pero a condición de crear situaciones de extrema inestabilidad que tenían que originar antes o después una crisis económica.

Si en 1980 los distintos países presentaban con pequeñas diferencias balanzas de pagos más o menos equilibradas, los saldos positivos y negativos fueron incrementándose hasta 2007 y abriendo ampliamente el abanico entre países deudores y acreedores. Se generó así una situación inestable y explosiva. China, Hong Kong, Japón, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán, financiaban a los países occidentales: EE.UU., Australia, Canadá. El hecho de que la Unión Europea presentase frente al exterior un saldo próximo a cero no significaba que los países miembros no tuviesen también entre sí profundos desequilibrios, buen ejemplo de ello eran el déficit de España y el superávit de Alemania.

El incremento de la desigualdad en las sociedades debería haber generado una ralentización del consumo. En ciertos países así ocurrió, pero en otros muchos como EE.UU. y España el consumo continuó creciendo gracias a otro fenómeno: el endeudamiento. El crecimiento estaba sustentado en el crédito, lo que le proporcionaba un carácter de inestabilidad que por fuerza tenía que llegar a su término.

La libre circulación de capitales y el libre cambio permiten que las empresas aspiren a fabricar en unos países (a menudo, allí donde las exigencias fiscales y los costes laborales son bajos) y vender la producción en otros (normalmente en países que tienen un nivel de vida mucho mayor). En este caso la oferta no casará con la demanda en el ámbito nacional y unos países acaban presentando un gran endeudamiento exterior y otros importantes superávits, desequilibrios que difícilmente podrían sostenerse a largo plazo.

El consumo en la sociedad americana se mantenía a base de importar productos a precios muy reducidos, y el crecimiento de China en los años anteriores a la crisis se basaba fundamentalmente en las exportaciones. El resultado es de sobra conocido, un cuantioso déficit en EE.UU. que se correspondía con el consiguiente superávit en la república comunista. Aunque como ya se ha dicho los desequilibrios en el comercio exterior no eran privativos ni exclusivos de EE.UU. y de China, lo cierto es que conforman un binomio útil para explicar la causa última de la crisis. China ahorraba para prestar a EE.UU, que así compraba sus productos. Las familias americanas no podían seguir endeudándose ni los bancos americanos prestando indefinidamente los recursos que provenían de China. Ambos países se movían en una brutal trampa.

Los superávits de China y de otros países del sudeste asiático eran deliberados y obedecían a una política de mantener infravalorado el tipo de cambio. Hay quien imputa también una parte de la responsabilidad a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal y a su presidente Greenspan, por haber realizado una política monetaria laxa de bajos tipos de interés. Es evidente que a Greenspan le cabe ciertamente gran responsabilidad en la deficiente supervisión de las entidades financieras y en la defensa de la innovación financiera y de los productos derivados, y todo ello en aras de la autorregulación de los mercados. Sin embargo, lo que no está claro es que otra política monetaria más restrictiva hubiera sido mejor y hubiera evitado la crisis. Una subida de los tipos de interés podría haber traído aun más capitales y haber incrementado la liquidez. China y algunos otros países estaban dispuestos a comprar todos los dólares que fueran necesarios para mantener la cotización de su moneda respecto al dólar. Bajo estos supuestos, es muy difícil mantener una política monetaria restrictiva.

A este análisis hay que añadir otro de suma importancia. Si bien es cierto que la crisis se generó en EE.UU., no es menos cierto que donde ha adquirido mayor gravedad y donde se resiste a desaparecer es en Europa. La razón no es difícil de encontrar. Que las cuentas de la Eurozona con el resto del mundo estuviesen más o menos en equilibrio no indica que todos los países miembros se encontrasen en la misma condición, más bien se entremezclaban países como Alemania, de muy bajo consumo y por lo tanto con un importante superávit comercial, con otros, como España, en los que el cuantioso endeudamiento de las familias o del sector empresarial llevaron a un elevadísimo déficit exterior (en 2008 del 9,6%).

El problema, por supuesto, no era exclusivo de España. Al progresivo incremento del superávit de Alemania (6,6% del PIB en 2008) y de otras naciones del Norte, correspondía un déficit cada vez mayor en esos países que despectivamente han denominado PIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). Solo por el hecho de mantener la misma moneda es por lo que se pudo llegar a unos desajustes en la balanza de pagos tan elevados. Estos desequilibrios creaban empleo y riqueza en los países excedentarios, mientras destruían puestos de trabajo y riqueza en los Estados del Sur, que hasta la crisis habían podido vivir una situación ficticia y mantener el crecimiento y el empleo de manera artificial a base de endeudamiento, endeudamiento que sin posibilidad de devaluar se convertiría a medio plazo en una soga al cuello, empeorando aun más su situación económica.

Los desequilibrios en el comercio exterior de China y de EE.UU. podían terminar corrigiéndose mediante ajustes en el tipo de cambio, pero ¿cómo solucionar esos mismos desequilibrios entre Alemania y España si ambos tienen la misma moneda? El desenlace es de sobra conocido. Se sometió a los países deudores a enormes ajustes fiscales y a duras políticas deflacionistas. El euro estuvo contra las cuerdas, salvado provisionalmente e in extremis por la política monetaria del BCE, que se decidió a actuar tan solo cuando la Eurozona se asomaba al borde del precipicio y, además, sometido a múltiples contradicciones, porque ¿cómo practicar la misma política para Alemania y para Grecia cuando sus necesidades e intereses son radicalmente distintos?

No, no es verdad que, tal como afirma la Comisión, la crisis se haya superado gracias a la intervención de la Unión Europea. Ha sido todo lo contrario. Debido a la Unión Europea, mejor diríamos a la Unión Monetaria, muchos países europeos se adentraron en la pendiente de la recesión. Sin el euro, el endeudamiento de los países del Sur nunca habría alcanzado las cotas a las que llegó; y en el caso de haber habido crisis, sin el euro su dimensión hubiera sido para la mayoría de los países mucho más reducida, y la salida se habría encontrado bstante antes, y sobre todo hubiera sido real, y no como en la actual supuesta superación en que las incertidumbres y riesgos se mantienen plenamente y las secuelas y efectos negativos perdurarán mientras no se dé marcha atrás.

La política aplicada desde Europa ha sido nefasta y motivada exclusivamente por las conveniencias de los países del norte, pero no se la puede hacer la única responsable de los daños infligidos, tal como pretenden algunos para exculpar al sistema. El error no es coyuntural sino estructural. El problema principal estriba en el propio diseño de la Unión Monetaria, lleno de contradicciones y de incoherencias, y que hace imposible su misma persistencia. ¿Por qué Alemania y sus países satélites iban a consentir otra política si la actual es la que les conviene y los Tratados no les obligan a ello? No solo estamos ante una década perdida, sino que en gran medida hemos malogrado la embarcación y no sabemos durante cuánto tiempo vamos a poder seguir navegando. De todo ello seguramente hablaremos en algún artículo posterior y analizaremos si es verdad, como dicen, que ha finalizado la crisis.

www.martinseco.es

Publicado en República.com

La Hora del Pincho no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por el propio blog.

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EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO EN LA LEY 39/2015

En el artículo 96 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) se regula la tramitación simplificada de los procedimientos administrativos.

Los motivos por los que un procedimiento administrativo puede ser tramitado de forma simplificada son dos:

  1. Razones de interés público.
  2. Falta de complejidad.

Al contrario que en la normativa anterior, ahora todos los procedimientos son susceptibles de tramitación simplificada.

Ésta puede iniciarse de dos formas:

  1. De oficio, previa comunicación a los interesados. Aunque si éstos últimos manifiestan su oposición expresa, el procedimiento deberá ser tramitado de manera ordinaria (primer caso de tres en los que se impide seguir con la tramitación simplificada).
  2. A solicitud del interesado. Aunque si el órgano competente aprecia que no se dan los motivos tasados anteriormente puede desestimar la solicitud en el plazo de 5 días. En este caso el silencio administrativo es desestimatorio.

Aun así, se reserva la posibilidad de que el órgano competente acuerde la continuación del procedimiento de acuerdo a la tramitación ordinaria en cualquier momento antes de la resolución (segundo caso de tres en los que se impide seguir con la tramitación simplificada).

Los procedimientos tramitados de forma simplificada deberán ser resueltos en 30 días desde la notificación al interesado, o menos en caso de que resten menos días para su resolución ordinaria.

Dentro del procedimiento simplificado solo caben los siguientes trámites:

  • Inicio (de oficio o a instancia del interesado)
  • Subsanación de la solicitud presentada, en su caso
  • Alegacionesformuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días
  • Trámite de audiencia (sólo en caso de ser desfavorable para el interesado la posterior resolución)
  • Informe del servicio jurídico (cuando sea preceptivo)
  • Informe del Consejo General del Poder Judicial (cuando sea preceptivo)
  • Dictamen del Consejo de estado u órgano equivalente de la comunidad autónoma (cuando sea preceptivo)
  • Resolución.

Quedan fuera, por lo tanto la proposición de pruebas, su práctica, informes que no sean preceptivos, información pública, propuesta de resolución, etc.

No tienen que estar todos estos trámites, pero si hay que incluir alguno más nos vamos a la tramitación ordinaria (tercer caso de tres en los que se impide seguir con la tramitación simplificada).

Especialidades en los procedimientos de responsabilidad patrimonial: el órgano competente si aprecia inequívoca relación de causalidad entre el servicio público y la lesión PODRÁ acordar de oficio el procedimiento simplificado.

Especialidades en los procedimientos sancionadores: se PODRÁ adoptar la tramitación simplificada si el órgano competente para INICIAR considera la infracción como leve. Aquí no cabe oposición expresa del interesado (ojo, esta es una excepción a la regla general).

La Hora del Pincho.

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LOS INFORMES EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

En el presente artículo repasamos la figura de los informes en la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

Según se infiere de la redacción del artículo 79 de la LPAC los informes tienen que proceder de un órgano distinto al competente para tramitar el procedimiento, que puede ser de la misma o distinta administración.

En el artículo 80.1 de la LPAC establece la norma general de los informes. Serán facultativos y no vinculantes.

Además de la norma general existen otras situaciones particulares:

  • Informe como prueba (artículo 70.6 de la LPAC). Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público éste se entenderá PRECEPTIVO.
  • Obligación legal (artículo 79.1 de la LPAC). Se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales.
  • Procedimiento de responsabilidad patrimonial (artículo 81 de la LPAC). Será preceptivo solicitar informe al servicio que haya causado la presunta lesión indemnizable.

El plazo en el que se debe emitir el informe es de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otra plazo mayor o menor (artículo 80.2 de la LPAC). En caso de que no se cumpla este plazo, además de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se pueden dar varias situaciones dependiendo del tipo de informe.

  • Si es un informe FACULTATIVO o emitido por una administración pública distinta de la que tramita en orden a expresar el punto de vista de ésta. Se podrán proseguir las actuaciones.
  • Se es un informe PRECEPTIVO se podrá suspender el plazo máximo para resolver el procedimiento. Según el artículo 22.1 de la LPAC el plazo para resolver podrá suspenderse por un máximo de 3 meses desde el momento en que se realiza la petición (que deberá ser comunicada a los interesados). En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

Los informes emitidos fuera de plazo podrán no ser tenidos en cuenta a la hora de adoptar la correspondiente resolución (aquí el orden de los factores sí altera el producto).

Sobre el tema de los informes vinculantes y no vinculantes hay que destacar un detalle importante. Si te separas del criterio de un informe NO VINCULANTE lo tienes que motivar (según el artículo 35.1.c). No te puedes separar del criterio de un informe VINCULANTE.

En la petición de los informes hay que indicar la norma legal en la que se sustenta la petición. Además de concretar el extremo acerca de los que se solicitan (artículo 79 de la LPAC). Se solicitarán aquellos informe que se juzguen necesarios (facultativos) y aquellos que sean preceptivos por disposiciones legales (siguiendo los criterios de eficacia y eficiencia).

Si la norma expresa la necesidad de informes y éstos no se emiten, a falta de los mismos determina la NULIDAD del procedimiento tal y como se señala en numerosa jurisprudencia, sobre todo si se trata de dictámenes preceptivos del Consejo de Estado (TS 6489/2001). Aquí hay que tener en cuenta que no es lo mismo la omisión o ausencia del informe que la no emisión en plazo. Si se emite fuera de plazo no se estaría en la situación de nulidad explicada en éste párrafo.

La Hora del Pincho.

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LA NECESIDAD DE RECUPERAR LA IMPOSICIÓN AL CAPITAL.

En el siguiente artículo explico por qué es necesario recuperar los impuestos al capital para conseguir la dinamización de la economía real y la creación de empleo.

La base se nuestro sistema fiscal viene reflejado en el artículo 31 de la CE. En él se nos indica que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos  de acuerdo a su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Existen cuatro índices generales de capacidad económica: la renta, el consumo, el tráfico y el patrimonio. Los que gravan el consumo y el tráfico suelen ser indirectos (IVA, aduaneros…) y proporcionales, se paga un % aplicado sobre la base, la cuota que debe pagar el contribuyente aumenta en igual proporción al aumento de la base. Por su parte, los impuestos que gravan la renta y el patrimonio suelen ser directos (IRPF, ISD…) y progresivos, porque a medida que aumenta la base del impuesto aumenta en mayor proporción la cuota que debe pagar el contribuyente. Desde hace unos años los impuestos indirectos van ganando peso sobre los directos en la recaudación. Este hecho es enormemente injusto ya que los impuestos indirectos no discriminan en función de la renta y riqueza de los contribuyentes. Todos pagamos el mismo %.

Hace ya tiempo que la ofensiva ideológica neoliberal lleva atacando a los impuestos directos reduciendo su progresividad en el caso del IRPF o eliminando de facto su aplicación en el caso de los impuestos sobre el capital (impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio).

Los impuestos sobre el capital en España hace ya años que están cedidos a las CCAA. Debido a que en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se cedieron competencias, entre otras, en la fijación de tipos y reducciones en las bases imponibles sin fijar unos mínimos comunes, muchas CCAA aplicaron reducciones o mínimos exentos tan altos que han perdido su función recaudadora. En los pocos sitios donde todavía se mantiene el impuesto de sucesiones el % de personas que pagan por una herencia por línea directa (esto es, de padres a hijos) es el 4% de todos los que liquidan el impuesto. La ofensiva hacia estos impuestos ha sido tan grande que ha conseguido apoyos entre sectores de la población que nunca tendrían que pagarlos. De hecho los impuestos al capital están dirigidos a la minoría con más patrimonio de la población.

Se alega desde la perspectiva liberal que los impuestos al capital reducen o penalizan su acumulación, por tanto, se reduce la formación bruta de capital. En consecuencia, según ellos, se produce por un lado desempleo, y por otro una reducción de la productividad, lo que en consecuencia producirá una reducción de los salarios. Por tanto, concluyen, incluso las personas que no tuviesen que pagar nunca estos impuestos deberían pedir su eliminación por los efectos negativos que tendrían sobre el nivel de empleo y los salarios.

Este análisis tan superficial y grosero de la imposición al capital se resquebraja a medida que profundizamos en él. Para empezar no distingue entre la inversión productiva y la inversión improductiva o especulativa. Cuando se produce una acumulación de capital y se invierte en la economía real, directamente o a través de la compra de activos financieros en los mercados primarios, sí puede tener efectos positivos sobre el nivel de empleo y salarios. Pero si se da el caso de que ese capital se destine a la economía financiera, a través de la compra de activos financieros en los mercados secundarios o derivados, no tendrá efectos positivos sobre los niveles de empleo o salarios. De hecho se estarían drenando recursos a la economía real.

Además este argumento evidencia una enorme ignorancia sobre el fondo de la normativa tributaria. Según la Encuesta Financiera de la Familias del Banco de España (EFF del BdE), la principal forma de ahorro de las familias en España es la adquisición de la vivienda habitual (que no es un capital productivo). Pues bien, tanto si cogemos el impuesto sobre el patrimonio como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, vemos que la vivienda habitual tiene exenciones y reducciones de hasta el 99%. También según la EFF del BdE a medida que ascendemos en los deciles de mayor renta y riqueza vemos que la proporción de riqueza de las familias en activos reales (vivienda habitual y otros inmuebles) va perdiendo peso en favor de los activos financieros (acciones, participaciones, fondos de inversión…). Aquí también nos encontramos con exenciones y reducciones de hasta el 99% para aquellas sociedades con actividad económica que no sea la mera gestión patrimonial (lo que comúnmente se denomina la “empresa familiar”). Con lo cual nos encontraríamos con que lo realmente gravado son aquellas inversiones financieras especulativas en forma de acciones o fondos de inversión en mercados secundarios que no sirven para crear empleo ni para mejorar la productividad de la economía.

Desde 2008 la media y la mediana de todos los deciles de patrimonio de las familias se ha reducido, excepto para las familias del decil superior. Para estas familias aunque su riqueza mediana se ha reducido desde 2008, su riqueza media ha aumentado desde 2011. Esta curiosidad estadística se debe a que las familias más ricas de entre las más ricas han aumentado su patrimonio desde 2011, por eso aunque baje la mediana la media aumenta. Estas familias han sido capaces de aumentar su patrimonio a pesar de las políticas de austeridad (o gracias a ellas) y también han sido las primeras en beneficiarse del leve crecimiento de la economía. Por tanto no sería descabellado pedirles un esfuerzo fiscal extra para el resto de familias (el 25% de las familias con menos riqueza ya tiene un patrimonio medio negativo).

La mejora de la situación macroeconómica en España en los últimos tiempos se debe la política de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y al bajo precio del petróleo. Ambas causas exógenas. En realidad no se han realizado cambios de calado en la estructura económica del país. Por más ayudas y facilidades que se ha dado desde el gobierno a sector privado, éste no ha sido capaz de plantear una alternativa clara al modelo económico del ladrillo (más allá del modelo de bajos costes laborales y el turismo). Por ello es más necesario que nunca recuperar las figuras fiscales que tengan por objetivo el gravamen del capital y, una vez que la normativa le permita nutrir de suficientes recursos a las arcas del estado, destinarlo al impulso económico a través del gasto público.

La Hora del Pincho.

 

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LA REFORMA ASTURIANA DE LA LEY DEL ISD Y EL TIMO DE LA ESTAMPITA.

A continuación redacto, de forma ampliada, mi intervención ante la Comisión de Hacienda y Sector Público de La Junta General del Principado de Asturias en la que traslado mis pareceres acerca de la modificación de la normativa del impuesto de sucesiones y donaciones.

El impuesto de sucesiones es seguramente el impuesto más justo y con mayor justificación dentro de los abanicos fiscales de las economías desarrolladas. Esto es así porque las herencias constituyen una de las principales causas de las actuales desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza. Tal es la razón por la que en la mayoría de los países los impuestos sucesorios cuentan con una tarifa progresiva y tipos marginales elevados.

Tras leer la reforma, y una vez conocida la estructura de los contribuyentes con menor y mayor patrimonio, extraigo las siguientes conclusiones:

La mejora de la reducción de la base imponible para contribuyentes de los grupos I y II de parentesco establece el mínimo exento en 300.000 euros. Sabiendo que cuando el mínimo exento estaba situado en 150.000 euros por contribuyente, abonaban el impuesto el 4%, esta ampliación parece poco recomendable e injustificada si tenemos en cuenta que según se extrae de la EFF del BdE el patrimonio medio de las familias es de 250.000 euros y que el patrimonio mediano (más representativo de la realidad según el propio BdE) es de 119.000 euros. También, según se extrae de esta encuesta el conjunto de patrimonios familiares se ha reducido desde 2008 excepto los patrimonios situados en el decil superior, cuya riqueza media se ha incrementado desde 2011. El decil superior de riqueza también es el que dispone de mayor cantidad de activos líquidos (acciones cotizadas y fondos de inversión). Esta reforma va a beneficiar a los contribuyentes con mayor capacidad contributiva, con menos problemas para obtener liquidez con la que afrontar el impuesto y sobre los que se podría aumentar la tarifa (Fuente: Encuesta Financiera de las Familias).

La mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición “mortis causa” de la vivienda habitual mantiene los porcentajes y el límite de deducción de 120.000 euros. La modificación consiste en reducir el plazo de mantenimiento de la vivienda. La reducción de este plazo puede ser apropiada para aumentar la oferta en el mercado de vivienda de segunda mano. Esta reforma no atiende a la impresión de algunos expertos de que la deducción por vivienda habitual se aplicase en el caso de que la vivienda heredada fuese a ser utilizada como vivienda habitual por el heredero. Tal y como está configurada esta reducción un mismo sujeto pasivo podría recibir por herencia varias viviendas habituales de distintos causantes sin aportar nada a las arcas públicas (Informe de Jesús Félix García de Pablos, Tribunal Económico Administrativo Central).

Modificación del artículo 18: reducción de la base imponible por la adquisición “mortis causa” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. Esta deducción conocida como “por empresa familiar”, concepto distinto de PYME, debería estar orientada a favorecer la sucesión en empresas de reducida dimensión, entendiendo por tales a las que se refiere el artículo 101 de la ley del impuesto de sociedades. Sin embargo, parece más bien orientada a que se puedan beneficiar de la exención las empresas cotizadas o entidades que no tienen categoría de reducida dimensión. Por lo que parece totalmente inadecuada la eliminación del límite cuantitativo (5 millones de euros de valor de la empresa) así como la reducción del límite temporal de mantenimiento de la empresa (que pasa de 10 a 5 años).

Artículo 18 bis. En la deducción para explotaciones agrarias se establecen unas condiciones similares a las que se establecen en otras comunidades autónomas. Asociaciones agrarias destacan que el principal problema es que, como no se contempla la dación en pago, es frecuente no disponer de liquidez para afrontar la cuota del impuesto. La modificación no hace referencia a ninguna de estas demandas.

Artículo 18 ter. La reducción por adquisición “mortis causa” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por herederos  sin grado de parentesco parece redactada para ser aplicada por un puñado de personas a las que se podrían poner nombres y apellidos. Si estuviese diseñada, como indica la recomendación europea de 7 de diciembre de 1994 sobre transmisión de pequeñas y medianas empresas (94/1069/CE) ,para todos los asalariados podría entenderse, pero queda enormemente limitada al dirigirse exclusivamente hacia la alta dirección (grupos 1 y 2 de cotización a la seguridad social o apoderados).

Artículo 18 quarter. Reducción de la base imponible por la adquisición “mortis causa” de bienes destinados a la constitución, ampliación o adquisición de una empresa o de un negocio profesional. No se establecen requisitos de parentesco. Un contribuyente que ya dispusiese de una empresa podría incorporar los bienes heredados a la misma hasta un límite del 50% de su activo según el art. 8. Dos.a de la LIP (que establece el límite para activos no afectos) pudiendo aplicarse la deducción. Reduciendo en gran cantidad la cuota que deberían pagar contribuyentes de los grupos III y IV siempre que fuesen propietarios de empresas.

Todas las deducciones se orientan hacia la adquisición, creación o ampliación de empresas o negocios. El 11,1% de los hogares tienen activos en negocios relacionados con actividades por cuenta propia, el 11,4% acciones cotizadas en bolsa (este porcentaje llega al 35,7% para el decil superior de renta y riqueza) y el 1,9% acciones no cotizadas o participaciones (este porcentaje sube al 7% en el decil de mayor patrimonio). Por tanto, no parece recomendable la aplicación de reducciones orientadas a la minoría con mayor capacidad contributiva de la población. Hay que tener en cuenta que el 25% de las familias con menos patrimonio ya tienen un patrimonio medio negativo.

Entre los principales motivos de queja social hacia el impuesto se encuentran las cuotas que deben afrontar los contribuyentes encuadrados en los grupos III y IV y los problemas de pago de las cuotas debidas a que las herencias no cuentan con activos líquidos suficientes para afrontar su pago. Diversos académicos (Rafa Sanz, Carlos Monasterio…) han propuesto medidas para flexibilizar los pagos en los casos de que las herencias cuenten con pocos activos líquidos. La reforma planteada no afronta ninguno de estos problemas. Por lo que se puede considerar que el malestar social hacia este impuesto va a continuar. De hecho la reforma está orientada a facilitar el pago del impuesto a contribuyentes que ya lo tenían fácil y sobre los que sí se podría aumentar la tarifa del impuesto.

EL TIMO DE LA NUEVA TABLA DE TARIFAS EN DONACIONES.

En la reforma se establece una nueva tabla de tarifas para los donaciones de los grupos I y II siempre que el donatario tenga un patrimonio preexistente inferior a 402.678,11 euros.

Al leer la memoria económica del anteproyecto de reforma del impuesto llamó mi atención la siguiente frase: “Con esta medida se simplifica el tributo puesto que se reduce el número de tramos. Adicionalmente se rebaja el gravamen que soportarán las donaciones en línea directa, modificación que incide especialmente sobre las donaciones de menor importe incrementando además la progresividad del tributo”.

Aquellos que controléis un poco del tema fiscal se os vendrá la misma pregunta que a mí. ¿Cómo es posible que en un impuesto directo al reducir el número de tramos de la escala se aumente la progresividad? Parece totalmente contraintuitivo.

Lo cierto es que calculé dos índices de progresividad: la elasticidad base residual y la eslasticidad de la recaudación respecto de la base. En ambos índices que arrojaba un resultado de mejor progresividad. Luego, ¿dónde estaba la trampa?

Pues en la reducción del tipo mínimo. El tipo mínimo se aplica a las donaciones de menos de 10.000 euros. Puede parecer una buena medida que tiene en cuenta, por ejemplo, las ayudas que hacen padres a hijos. Pero tiene trampa. La práctica habitual para donar pequeñas cantidades de dinero a los hijos sin tributar por ISD consiste en abrir una cuenta corriente en un banco a nombre de padre/madre e hijo/hija. El padre ingresa el dinero y el hijo va retirando según necesite. Además la hacienda autonómica no dispone de suficientes recursos para ir detrás de todas aquellas pequeñas donaciones entre padres e hijos que se realizan en Asturias.

Veamos la trampa con un ejemplo:

ANTES AHORA
BASE CUOTA TIPO EFECTIVO BASE CUOTA TIPO EFECTIVO
8000 612 7,65% 8000 160 2,00%
800000 205920 25,74% 800000 176700 22,09%
X10 X336 X3,4 X10 X1104 X11

Tal y como estaba antes la escala, una donación de 8.000 euros pagaba cuota de 612 euros a un tipo efectivo del 7,65% (en teoría, porque en la práctica ya he explicado que estas donaciones no se suelen declarar). Por su parte, una donación de 800.000 euros pagaba 205.920 euros a un tipo efectivo del 25,74%. Ahora para ver la progresividad tenemos que fijarnos en cómo se incrementa la base, la cuota y el tipo efectivo en cada caso. Para la escala original la base se multiplica por 10 y la cuota se multiplica por 336.

En la reforma propuesta, para las mismas bases, vemos como éstas se multiplican también por 10 pero las cuotas se multiplican por 1104, y los tipos por 11. Valores estos últimos mucho más altos con la nueva escala. Por lo que podemos decir que el impuesto es más progresivo (al mismo incremento en la base el incremento en cuota es mayor). Pero en realidad se trata de un incremento en la progresividad ficticio. Y digo esto porque las donaciones más pequeñas, que suelen ser en metálico, no se declaran. Se declaran aquellas donaciones de importes en metálico importantes, donaciones de empresas y donaciones de inmuebles, que fácilmente pueden superar valores de 60.000 euros. ¿Y qué pasa con los tipos efectivos de gravamen para estas donaciones? Pues que se reducen (tanto la parte fija de la cuota como el %, excepto el marginal que se mantiene).

Las donaciones de 800.000 euros pasan de tener una cuota de 205.920 euros a una de 176.700 euros. Una reducción del 14% para las grandes donaciones. Se están usando los argumentos  una reducción para las donaciones más modestas y de mejora de la progresividad para colarnos una reducción de impuestos a los más ricos. Tela con el tema.

Este es de esos raros casos en los que una mejora teórica de la progresividad fiscal redunda en una bajada de impuestos a los más ricos. Se baja el tipo mínimo para poder hacer una bajada de impuestos a las donaciones más altas y no perder progresividad (de hecho se gana!). Jugada digna de ser objeto de estudio por los departamentos de hacienda pública de cualquier universidad.

La Hora del Pincho.

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